El juez Pedreira
El juez encargado del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira. EP

El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicitado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.

Así lo ha acordado el magistrado del Tribunal Superior madrileño (TSJM) en un auto notificado este lunes en el que se inhibe de la parte de la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la adjudicación en 2002 de las obras de la variante de una autovía en la localidad leonesa de Olleros de Alba a una empresa que presuntamente pagó comisiones a varias personas.

Entre ellas, según Pedreira, figuran el propio Fernández Santiago, entonces consejero de Fomento del Gobierno castellano-leonés; así como el considerado responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, y los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.

El juez Pedreira también ha dictado un auto en el que acuerda levantar la práctica totalidad del secreto del sumario que pesa en las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP.

Las irregularidades detectadas

Las obras de la variante de la autovía fueron adjudicadas por un importe de 2.847.959 euros a la empresa Teconsa, que a cambio habría pagado una comisión al considerado máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien a su vez la repartió con el propio Fernández Santiago y con los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.

En la resolución, Pedreira cita varios informes de la Intervención General del Estado de febrero y noviembre de este año que concluyen que en la tramitación de la citada adjudicación "se ha incurrido en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

"Destaca, asimismo, que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, quien es también el que la adjudica por orden de 29 de noviembre de 2002", añade el juez.

Según el auto, "los hechos relativos a la adjudicación irregular, percepción de cantidades por ello y su reparto (...) podrían ser constitutivos de delito de cohecho (...) y de delito de prevaricación".

La investigación de este asunto parte de la documentación intervenida el 6 de febrero de 2009 al contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo.

Entre esos documentos figuraba un fax de la Consejería de Fomento castellano-leonesa sobre la adjudicación definitiva de la obra "en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3% del importe de la adjudicación sin IVA", es decir, 73.650 euros; y otro escrito en el que se dice que 72.000 euros se entregaron a PC (Francisco -Paco- Correa).

Otros dos documentos revelan que la comisión finalmente distribuida ascendió a 96.100 euros y que se repartió entre las personas identificadas como TO, G, L, J y PC, que según los informes policiales son respectivamente Fernández Santiago (conocido como 'Toti'), Galeote, Bárcenas, Merino y el propio Correa.

Así, a Fernández Santiago, que según el juez ya había recibido previamente un sobre con 24.000 euros, le correspondieron otros 15.000 euros; mientras que Galeote se llevó 26.400 euros, Bárcenas y Merino 18.600 euros cada uno y Correa 17.500 euros.

Pedreira resalta la importancia de la relación entre todos ellos y la mercantil Spinaker 2000 S.L., de la que, según la Policía, "serían socios entre 2001 y 2004".

El juez considera que el motivo de los pagos a Fernández Santiago "se hallaría en el papel jugado en esa adjudicación", ya que fue éste quien, en su condición de consejero de Fomento, adjudicó "de forma irregular" la obra de la variante.

Pedreira concluye que "en la causa existen indicios bastantes" del cobro de comisiones por parte de Bárcenas, Merino, Galeote, Fernández Santiago y Correa por la "adjudicación ilegal" de las obras y dice que también habrían participado en los hechos los responsables de Teconsa "que hubieran efectuado el pago", así como Izquierdo, el contable de la trama.