Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía que rubricó los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, defiende que el segundo de los procedimientos, —de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo—, constituye "un apéndice" del primero, que sí contaba con incentivo autonómico. Guerrero alega que ambos procedimientos se ajustan al "método" de tramitación seguido durante los nueve años durante los que ejerció dicho cargo y descarta, "por supuesto", que las dos supuestas prejubilaciones fraudulentas descubiertas en sendos ERE sean fruto de la actuación de algún miembro de la Consejería de Empleo. (((

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