La Asociación para la Pesca, Comercio y Consumo Responsable ha exigido a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) que se impongan sanciones a aquellas empresas que se demuestre que han pescado y comercializado atún ilegal, al tiempo que ha señalado que las medidas adoptadas en la reunión del organismo en París ofrecen "garantías suficientes" para el mantenimiento o recuperación de las especies como el atún rojo.

Durante la reunión de Iccat que se ha celebrado en París se ha acordado reducir en un 4 por ciento la cuota anual de atún rojo, es decir que se pasará de 13.500 toneladas a 12.900. En total España podrá capturar 2.413,78 toneladas, lo que a juicio de la asociación permitirá "seguir recuperando" el stock de atún rojo de acuerdo a los objetivos del plan de recuperación de Iccat y alcanzar el rendimiento máximo sostenible de la especie, con más de un 65 por ciento de posibilidades y sin obligar al cierre de la pesquería.

Además, ha destacado que al recorte de cuota se suman "nuevas medidas" para reforzar el control de la pesquería del atún rojo, en línea con las medidas planteadas por la asociación que, en la reunión de Iccat en París propuso mejoras en el control de la pesca del atún rojo del oeste del atlántico norte, donde operan Estados Unidos y Canadá y donde aseguran que "no existe ninguna medida de control ni de gestión".

Así, la Apccr pide que se equiparen estas medidas con las impuestas en el Mediterráneo y que se están demostrando como "efectivas" y ha valorado que la iniciativa fue "bien acogida y aceptada" por los representantes de Canadá.

Iccat ha sopesado el último informe de su comité científico, de octubre de 2010 que muestra "buenos resultados del plan de recuperación" iniciado hace cuatro años y que apunta a un "claro incremento" del stock de atún rojo, así como del número de juveniles y grandes reproductores respecto a la evaluación de 2008.

Por último, sobre la sobrepesca, los científicos de ICCAT señalan que en la actualidad "se están respetando las cuotas de captura" y las medidas establecidas en 2009 que endurecían los sistemas de gestión de la pesquería. La organización ha solicitado en parís que se impongan sanciones a aquellas empresas que se demuestre que han pescado y comercializado atún ilegal.