La Ley de Costas puede conducir al cierre en Cantabria de al menos 1.200 empresas que facturan aproximadamente 6.000 millones de euros y generan más de 25.000 puestos de trabajo (entre empleo directo e indirecto). La cifra podría ampliarse, a medida que se concreten los deslindes que aún no se han abordado, unos deslindes que pueden elevar hasta 1.800 el número de empresas afectadas.

Ésa es una de las principales conclusiones que se extraen de un estudio de impacto socio-económico de la Ley de Costas en Cantabria elaborado por la consultora Saciva y el bufete de abogados Gómez Acebo y Pombo por encargo de la Cámara de Comercio.

Pero según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la entidad cameral, Modesto Piñeiro, la amenaza del cierre no es la única consecuencia de la Ley de Costas, que puede llevar también a reubicaciones con costes elevados difíciles de asumir, y que ya está provocando la paralización de inversiones en marcha y problemas de financiación bancaria, ante la incertidumbre sobre el futuro.

Lo llamativo, es que muchos de los afectados no saben que están incluidos en los deslindes. De hecho, casi el 79% de las empresas encuestadas en este estudio no eran conscientes de su situación.

Con este panorama, la Cámara se ha puesto manos a la obra para difundir toda la información entre los afectados y asesorarles, y al mismo tiempo ha remitido este estudio a administraciones y partidos políticos para pedir su respaldo a la modificación de la ley.

En palabras de Piñeiro, "es fundamental que desde la administración", en este caso el Gobierno regional, "se lidere la modificación". "Los partidos y la administración regional al frente deben ser conscientes de este problema", ha resaltado el presidente de la Cámara, que también considera "fundamental" que se produzca un "movimiento mayoritario" de gobiernos de otras regiones, ya que esta norma no afecta sólo a Cantabria.

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