La Fiscalía de Valladolid solicita penas que suman 16 años de prisión para un matrimonio y un tercer acusado que serán juzgados este lunes y el martes en la Audiencia Provincial por, supuestamente, integrar un grupo delincuencial responsable de la compra-venta de sustancia estupefaciente al que la policía ocupó 25 gramos de cocaína, cerca de medio kilo de hachís y más de 4.000 euros.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita penas de seis años y multas de 7.000 euros para el matrimonio compuesto por Jesús P.G. ('Chuchi') y Paula M.G, y cuatro años y multa de 700 euros para Borja M.M, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención se produjo a finales del mes de mayo de 2009, fruto de las investigaciones iniciadas un mes antes cuando agentes del Grupo de Menudeo de la Brigada de Policía Judicial tuvieron conocimiento de la posibilidad de que en los alrededores de las Cortes de Castilla y León se hubiera asentado un grupo de personas dedicado a la venta de drogas.

Tras la realización de diferentes gestiones, los agentes lograron localizar un piso de la zona al que acudían numerosas personas en horas nocturnas, algunas de ellas conocidas por los investigadores por su consumo de sustancias estupefacientes.

Por ello, tras identificar el piso y al matrimonio que lo tenía alquilado, se decidió montar un dispositivo con la finalidad de proceder a su desarticulación y consecuente detención y, fruto de ese operativo, se detuvo el día 22 de mayo del pasado año al matrimonio integrado por Jesús P.G. y Paula M.G, de 24 y 25 años, respectivamente, así como a un supuesto colaborador, Borja M.M, de 28 años.

Tras practicarse las detenciones se realizó un registro domiciliario en la calle Monasterio de Santo Domingo de Silos, donde se intervinieron 25 gramos de cocaína, 490 gramos de hachís, dos vehículos, material informático y electrónico, útiles para la manipulación y preparación para la venta, una caja fuerte donde se hallaba la droga y 4.200 euros.

Todos los detenidos carecían de antecedentes policiales por tráfico de drogas, lo que dificultó la investigación policial puesto que se desconocía quién pudiera haberse asentado en ese barrio para llevar a cabo esta ilícita actividad.