UGT presenta una demanda contra el recorte salarial al personal laboral de la Junta de Extremadura

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Extremadura ha presentado este viernes ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) una demanda de conflicto colectivo contra la Junta de Extremadura por el recorte salarial que se ha aplicado al personal laboral desde el mes de junio tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, para reducir el déficit público.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Extremadura ha presentado este viernes ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) una demanda de conflicto colectivo contra la Junta de Extremadura por el recorte salarial que se ha aplicado al personal laboral desde el mes de junio tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, para reducir el déficit público.

Según ha explicado el secretario de Acción Sindical de UGT, José Ignacio Luis Cansado, la medida ha afectado a unos 12.000 trabajadores de la Administración regional que han visto cómo su sueldo mensual se reducía y cuya disminución de las retribuciones se incrementará en la próxima paga extra del mes de diciembre, cuando algunos trabajadores dejen de percibir hasta 580 euros en algunos casos.

Con la demanda, UGT pretende que "no se aplique la medida en el territorio extremeño" y que "se devuelvan las cantidades que se han descontado hasta ahora" ya que el sindicato considera que "se ha vulnerado el principio de negociación colectiva" y además "el decreto es anticonstitucional", ha dicho el líder sindical en un encuentro con periodistas momentos antes de presentar la demanda.

Esta demanda afecta a todo el colectivo de personal laboral de la Junta de Extremadura "de forma conjunta", según ha manifestado Cansado, que ha explicado que como el personal funcionario se rige por el derecho administrativo hay que presentar las reclamaciones de forma individual para cada caso, algo en lo que ya trabaja el sindicato que ha recibido "unas 250 denuncias" que llevará a los juzgados a principios del próximo año.

En la demanda presentada este viernes se pide que se condene a la Administración Autonómica a reconocer el derecho de los trabajadores sometidos al ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Junta de Extremadura, a percibir íntegramente las retribuciones pactadas para el año 2010, es decir, las retribuciones del año 2009 incrementadas en un 0,3 por ciento. INCONSTITUCIONAL

Además, se interesa de la Sala del TSJEx el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto por varios fundamentos como que vulnera el contenido esencial del derecho a la libertad sindical; el principio de igualdad ante la Ley; las normas básicas que regulan la elaboración y aprobación de los presupuestos; el principio de seguridad jurídica y los principios establecidos para la expropiación de derechos.

Con anterioridad a la presentación de la demanda, se habían realizado los trámites pertinentes previos como el sometimiento a la Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de Extremadura, órgano que tras reunirse el 15 de octubre, emitió el correspondiente informe el 21 de octubre, no accediendo a lo solicitado por la FSP-UGT y consecuentemente dando por cumplido el trámite previsto de emisión de informe preceptivo sobre el intento de solución de conflicto colectivo.

Además, según la información facilitada por FSP-UGT se había iniciado el trámite de conciliación-mediación ante el Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura, que se realizó el 23 de noviembre de 2010, "sin que se produjera acuerdo entre las partes y consecuentemente, dándose por finalizado el procedimiento con el resultado de sin avenencia".

Una vez cumplidos todos los trámites preceptivos y presentada la demanda, se convocará por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a las partes implicadas, administración y sindicatos, para un nuevo acto de conciliación y juicio.

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