El catedrático de Derecho Administrativo propuesto por el Senado como magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Ortega, ha afirmado este jueves que el título octavo de la Constitución "es historia" , al tiempo que ha señalado la necesidad de proceder a una reforma consensuada de la Carta Magna basada en el acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, el PP y el PSOE.

Durante la celebración de una jornada de expertos sobre el Estado de las Autonomías organizada por la Fundación Ciudadanía y Valores, Ortega ha manifestado que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía catalán "cierra las vías" de desarrollo del modelo autonómico "a través de los estatutos de autonomía" y, en este sentido, ha señalado que la única alternativa es que los dos grandes partidos "se sienten en algún momento dado y modifiquen el titulo octavo de la Constitución, porque es historia y una parte ya cumplida" del modelo establecido en 1978.

"El titulo octavo esta pensado para la puesta en marcha de las autonomías, sin saber dónde se iba, permitiendo distintos desarrollos. Pero después de 32 años de Constitución, ya tenemos un Estado autonómico y ahora habría que modificar el texto para introducir los elementos funcionales de un estado que permitan que se desarrolle correctamente", ha indicado.

En este sentido, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha planteado las características del federalismo cooperativo, que considera ya "maduro" en la conciencia política de los ciudadanos españoles, o la opción de estudiar la constitución del Estado italiano a través de leyes especiales constitucionales, y ha señalado la necesidad de introducir el tema de la autonomía local, " de forma que no dependa de una ley ordinaria del Estado", sobre todo tratándose de "un poder tan importante en España".

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Josep María Castellà, ha afirmado en la misma línea que "la reforma del estado no puede venir por los estatutos" y ha recordado que el Tribunal Constitucional supedita las reformas a las decisiones del poder constituyente". "El motor tiene que ser obra de las dos grandes fuerzas" del Congreso, pero, "de cara a cualquier reforma del Estado, se debe partir de un gran acuerdo en el que se incluyan los nacionalismos porque, al final, si lo que se quiere es un modelo de Estado hay que integrar y cuanto más amplio sea el consenso, mejor", ha argumentado.

Respecto a la polémica en torno a los hechos diferenciales y la equiparación de las Comunidades Autónomas en el Estado de las Autonomías, Ortega ha defendido que "la diferencia está ya hecha" porque "todo el tema lingüístico y cultural está desarrollado" y que "todo lo que la Constitución establece como hechos diferenciales está absolutamente desarrollado en esos territorios, por lo menos potencialmente hablando, tanto en la vía de la foralidad vasca como desde la perspectiva catalana".

"Lo que ocurre es que en España ha desaparecido el concepto de Estado regional" y "25 años después ninguna CC.AA. quiere llamarse región, todas se quieren llamar nacionalidad histórica, nacionalidad, o comunidad autónoma", ha apuntado el candidato a magistrado, al tiempo que ha advertido que el problema redundaría principalmente en que "es muy difícil que el resto de las comunidades reconozcan los derechos de otras CC.AA., y si eso no se produce políticamente es muy complicado avanzar".

Dicho esto, Ortega, que ha subrayado la dispar implicación de la ciudadanía en los estatutos autonómicos en zonas como Cataluña, Andalucía y Galicia, ha recordado que, si bien Cataluña evolucionó rápido en materia competencial, ahora son otros territorios "los que han corrido más y se han puesto a su altura a nivel de peticiones". "El debate se centra en qué diferenciación quiere Cataluña que quepa en la Constitución, que después vaya a ser admitida por el resto de las CC.AA. y que se haga con el mismo tipo de consenso y acuerdo nacional con que se hizo el modelo actual", ha argumentado.

Además, ha advertido como ejemplo, Cataluña y País Vasco ya tienen un hecho diferencial en el sistema electoral, que a diferencia de muchos sistemas europeos, no conlleva barreras de corte en el voto. "Si existiese una barrera del 3 por ciento no accederían ni CiU ni PNV al Parlamento. Ya hay un hecho muy diferencial en esto. Cataluña y País Vasco nunca han reclamado en serio el tema del Senado porque no les favorece, porque son diferentes en el Congreso, donde en una situación de mayoría relativa de los partidos nacionales los nacionalistas han operado históricamente como los verdaderos partidos bisagra, algo que mucha gente quiere evitar poniendo una barrera", ha apuntado.

Sin embargo, a este respecto, Castellà ha señalado que en Cataluña "hay una situación de base y es que existe un sentimiento político innegable que luego se expresa con una voluntad política votando de una forma más o menos mayoritaria a partidos nacionalistas, al igual que en el País Vasco, lo que constituye un hecho político". "La traducción de este hecho en representación parlamentaria y su efecto se podrían evitar con una barrera, pero yo creo que el efecto, puestos en esta lógica, es fácilmente sorteable, como ocurre en las elecciones al Parlamento europeo, y, por tanto, una reforma de la ley electoral que esconda este hecho no creo que sirva para esconder el problema, pues existe", ha afirmado.

"Otra cosa es cómo se canalice esto políticamente", ha añadido Castellà, quien se ha mostrado de acuerdo en que "en España el nacionalismo catalán, al tener fuerza en el Congreso, prefiere la vía de negociación política bilateral a una habilitación de una segunda cámara en este sentido".

Concierto económico o pacto fiscal en cataluña

Preguntado por la petición del presidente de Convergencia i Uniò (CiU), Artur Mas, de un régimen fiscal especial para Cataluña, ya sea un concierto económico como en el caso del País Vasco y Navarra o un pacto fiscal, Ortega ha señalado que, desde luego, "en la Constitución no está previsto" por lo que sería necesario "un acuerdo fuera de la misma enmarcado dentro de la legislación prevista en la Ley Ordinaria de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

De todas formas, ha destacado, ésta es una posibilidad que "desmonta" la sentencia del Estatuto catalán, que "viene a decir que el marco en el que se discute la financiación es la LOFCA", por lo que dicha posibilidad estaría supeditada a "una eventual modificación" de la misma.

La única alternativa, ha dicho, dependería "de la fuerza que los nacionalistas tengan en un determinado momento" para acometer "una negociación bilateral" con el Gobierno de turno; al tiempo que ha señalado los inconvenientes de que un territorio como el catalán, con un peso considerable en el PIB, pretenda un régimen fiscal especial, ya que "Cataluña no tiene comparación" en su peso económico con el País Vasco y Navarra.