El director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, ha calculado que la tramitación de la nueva Ley de movilidad de tierras de Galicia durará unos seis meses, una vez entre en el Parlamento autonómico tras la aprobación en diciembre o enero por el Consello de la Xunta. "Ojalá esté lista en junio, antes de finalizar el periodo de sesiones", ha subrayado.

"Si todo va normal, en uno o dos meses será aprobada por el Consello", ha informado en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de la reunión del Consello Agrario Galego, que ha presidido el titular de Medio Rural, Samuel Juárez, pese a que su incorporación se ha producido con el encuentro ya empezado.

En él, la Consellería de Medio Rural ha presentado a los sindicatos agrarios —Unións Agrarias (UU.AA.), Xóvenes Agricultores (XX.AA.) y Sindicato Labrego Galego (SLG)— el anteproyecto de ley en lo que supone el inicio de un periodo "de consultas previas", ha indicado Crespo.

El departamento encara la "primera toma de contacto" con una actitud "abierta" a recibir "cualquier iniciativa", ha destacado Crespo, que espera que, "si hay buena voluntad", la norma salga adelante "con un consenso importante". "Si no, intentaremos que lo haga con el máximo consenso posible", ha incidido.

Así, en respuesta a las críticas del secretario xeral de UU.AA., Roberto García, quien ayer avisó a Juárez de que "hacen falta presupuestos" para frenar el abandono del rural, el director xeral ha recalcado que "sí, los presupuestos son importantes, evidentemente".

"Si se quiere hacer algo importante, eso hay que tenerlo en cuenta", ha evidenciado, para resaltar que la consellería "priorizará" partidas a este objetivo, pero lo hará "según se vaya necesitando".

Principales cambios en el bantegal

El anteproyecto de ley de movilidad de tierras introduce cambios en el funcionamiento del Banco de Terras (Bantegal) con el fin último de que la superficie agraria gallega "sea utilizadas" por ganaderos y agricultores, ha recordado Crespo tras enumerar las principales novedades.

Entre ellas, destaca que el Gobierno gallego suprime el derecho de retracto y tanteo que hasta ahora tenía en cualquier movimiento de tierras agrícolas y define como parcelas aptas para su colocación en el banco a "todas aquellas con vocación agraria", incluidas las de carácter forestal.

Asimismo, crea una nueva figura de protección para zonas especiales y habilita la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico compre las 320.000 fincas que —según el Catastro— pertenecen a un dueño desconocido en la comunidad, lo que suponen unas 5.600 hectáreas.