Un estomatólogo gijonés se enfrenta a diez años de cárcel al estafar a la Hacienda Pública cerca de 900.000 euros

El Ministerio Público solicita para un estomatólogo gijonés una pena de diez años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública al ocultar ingresos procedentes de su negocio cercanos a los 900.000 euros desde 2001 a 2004, según el informe fiscal al que tuvo acceso Europa Press. Asimismo, pide para el imputado el pago de cuatro multas por importe total de 886.017,17 euros, la misma cantidad que ocultó y que deberá abonar a la Hacienda Pública en concepto de indemnización, aunque en este caso sumados los intereses legales.

El Ministerio Público solicita para un estomatólogo gijonés una pena de diez años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública al ocultar ingresos procedentes de su negocio cercanos a los 900.000 euros desde 2001 a 2004, según el informe fiscal al que tuvo acceso Europa Press. Asimismo, pide para el imputado el pago de cuatro multas por importe total de 886.017,17 euros, la misma cantidad que ocultó y que deberá abonar a la Hacienda Pública en concepto de indemnización, aunque en este caso sumados los intereses legales.

También pide para el imputado, por cada uno de los delitos, la pérdida de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el plazo de cuatro años. El juicio tendrá lugar el próximo día 29, a las 9.30 horas, en el Penal 3 de Gijón.

Según el informe fiscal, el imputado, en el periodo comprendido entre 2001 y 2004, falseó datos y ocultó ingresos en sus declaraciones de IRPF, por lo que las cuotas abonadas no eran realmente las debidas, conclusión a la que se llegó tras comparar la documentación aportada por el procesado con la de los propios ordenadores de éste.

Entre otras cosas, el hombre había hecho un ingreso en 2001 en una cuenta en Andorra no declarada por importe de unos 125.000 euros. También lo que respecta un inmueble, declaró haber abonado por él prácticamente la mitad de lo pagado e ingresó en la Hacienda Pública unos 5.000 euros, cuando debería haber entregado más de 175.000.

El resto de años la actuación del imputado fue similar, con ingresos en una cuenta en una sociedad suiza de inversiones y desvíos de fondos que él denominaba "conversión de gastos".

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