Bruselas exige a España cumplir la norma sobre eficiencia energética de edificios

  • España no ha adoptado un método de cálculo de la eficiencia energética.
  • Tampoco un sistema aplicable a los edificios ya existentes.
  • Se trata de poder hacerse una idea del importe de las facturas de energía.
Imagen de una vivienda totalmente domótica.
Imagen de una vivienda totalmente domótica.
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Imagen de una vivienda totalmente domótica.

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que cumpla la norma europea sobre eficiencia energética de los edificios. Bruselas denuncia que España no ha adoptado aún un método de cálculo de la eficiencia energética ni un sistema de certificación aplicable a todos los edificios ya existentes.

La CE también señala el sistema español de inspección de las calderas, que no abarca las instalaciones ya existentes antes de la entrada en vigor de la legislación.

Cálculo de la eficiencia energética

La directiva europea que España no está cumpliendo exige a los Estados miembros que fijen un método de cálculo de la eficiencia energética de los edificios. De igual modo deben establecer unas normas mínimas en materia de eficiencia energética aplicables a los edificios nuevos y a los grandes edificios existentes que sean objeto de reformas importantes.

La norma supone que cuando un edificio es construido, vendido o alquilado, debe ponerse a disposición del posible comprador o inquilino, un certificado de eficiencia energética. Dicho certificado permite al nuevo propietario o inquilino comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio y hacerse una idea más clara del importe de las facturas de energía. Además, el certificado debe ir acompañado de recomendaciones para la mejora de la relación coste-eficacia de la eficiencia energética.

Ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo

Este régimen de certificación, al igual que el sistema de inspección periódica de las calderas y sistemas de aire acondicionado, son obligatorios desde el 4 de enero de 2009.

Si las autoridades españolas no corrigen los problemas en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En el mismo caso se encuentra también Italia.

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