La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por las empresas responsables del vuelo realizado por el avión Yakovlev 42 el 26 de mayo de 2002, que se estrelló en Trabzon (Turquía), causando la muerte de 62 militares españoles y la tripulación. Además, la familia de una víctima verá aumentada su indemnización.

La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Juan Ignacio Medrano, hecha pública este miércoles, acepta el planteamiento jurídico realizado por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, que emitió en marzo de este año la sentencia que condenaba a las empresas, estableciendo una indemnización de más de seis millones de euros a repartir entre 62 familias, sentencia cuyo recurso se falla ahora.

Según la sentencia emitida el pasado mes de marzo por el mencionado Juzgado, la compañía aérea Ukranian Mediterranean Air (UM Air), la contratista Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint son responsables del vuelo mortal que se estrelló en el monte cercano al aeropuerto de la ciudad turca de Trabzon.

La Audiencia da por buena la condena de los demandados y reitera que las demandas sí se podían tramitar por la jurisdicción civil y no por la contenciosa-administrativa, al entender que eran estas empresas privadas las responsables directas, independientemente de que el vuelo hubiera sido ordenado por la OTAN para el Ejército español.

La Audiencia Provincial rechaza la petición de acumulación de procesos formulada por los demandantes y considera competente al Juzgado de Primera Instancia, negando que necesariamente este caso tuviera que ser visto por un Juzgado de lo Mercantil. La Audiencia refrenda así la argumentación de la juez titular de este Juzgado.

La Sección IV de la Audiencia resta importancia a uno de los fundamentos de la defensa de la contratista, como es que el vuelo era de naturaleza militar, y por lo tanto no se le podía aplicar el Convenio de Varsovia, que rige el sistema de indemnizaciones para accidentes de vuelos civiles. En cualquier caso, indica que el vuelo no era militar.

El tribunal reitera, como ya hicieran los titulares de los Juzgados números 3 y 12, que los tripulantes del vuelo cometieron "graves errores" en cadena. También rechaza el "contrainforme" de Chapman sobre el accidente porque no presenta una hipótesis evaluable. Asimismo, considera "inaceptable" el argumento según el cual todo militar debe aceptar el riesgo mortal como propio de su trabajo

El tribunal considera que el hecho significativo es que la contratista "reniega" del pacto que, antes del vuelo, firmó con la entidad contratante, que es la agencia NAMSA, que organiza el transporte de las tropas y materiales de la OTAN.

INDEMNIZACIONES

La Sección IV de la Audiencia sube de 52.000 a 70.000 euros la indemnización de Guillermina F.A. y eleva a 36.334 la de Guillermina B.F., mientras que Eduardo y María B.F., cobrarán 36.333 euros. Todos ellos son familiares de una víctima del accidente.

La sentencia señala que el Juzgado número 12 no actuó erróneamente al rehusar aplicar directamente el baremo oficial de indemnizaciones por accidentes de tráfico en carretera y niega, taxativamente, que las indemnizaciones puedan dar lugar a un "enriquecimiento injusto".

Esta sentencia hecha pública hoy se puede recurrir ante la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS).

TRABZON

El 25 de mayo de 2002, un grupo de 62 militares españoles destinados en Afganistán, dentro de la misión internacional desplegada por la OTAN, subieron al avión Yakovlev-42 que les debía transportar hasta la Base Aérea de Zaragoza y otros aeropuertos militares españoles.

La tripulación realizó, con una sola escala y sin descansar, un vuelo hasta Turquía. Tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Trabzon, de difícil aterrizaje por la presencia de montañas en sus alrededores.

Los pilotos se desorientaron y colisionaron frontalmente contra las montañas, falleciendo todos los viajeros en el acto. Muchas de las víctimas eran de Zaragoza, otras provenían de otras ciudades españolas.

El caso ha tenido una vertiente judicial civil, a iniciativa de los familiares, y otra penal, en la Audiencia Nacional, después de que se hiciera público que los restos mortales entregados a los familiares no correspondían, en algunos casos, a las personas cuya identidad se les atribuía.