La fiscal ha rebajado las peticiones de pena para el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, tras introducir un atenuante de dilaciones indebidas, modificando así las conclusiones provisionales de su escrito, en el que se acusa al dirigente del PP de autorizar el vertido de residuos en un vertedero no autorizado en la etapa en la que era alcalde de La Vall d'Uixó.

Así, en el juicio que ha quedado este miércoles visto para sentencia, la representante del ministerio público ha reducido la demanda de prisión de dos años a seis meses y de ocho a siete años la inhabilitación para empleo o cargo público para Aparici y los entonces concejales de Obras Públicas y Urbanismo del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, Alfonso López y Enrique Segarra, respectivamente, por un delito de prevaricación medioambiental.

Respecto al delito de establecimiento de depósitos o vertederos de residuos tóxicos o peligrosos, del que acusa al vicepresidente de la Diputación y al representantante de la mercantil a la que autorizó el vertido de residuos, mantiene la demanda de 20 meses de multa, con un cuota diaria de 30 euros y rebaja de 20 a 18 los fines de semana de arresto, mientras que por el delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que plantea de forma alternativa, ha reducido la petición de 5 a 4 años y un día de prisión y de 30 a 20 meses de multa, con una cuota diaria de 30 euros.

Las defensas de los acusados, por su parte, han elevado a definitivas las conclusiones provisionales, en las que demandaban la libre absolución de sus patrocinados.

Durante la sesión de este miércoles ha declarado un perito judicial que el vertedero de la partida del Garrut carecía de "las más mínimas" medidas de control, así como de sistemas de impermeabilización y de recogida de aguas, de maquinaria adecuada para la gestión de los residuos o de vallado perimetral.

"Suponía un grave riesgo para los sistemas naturales, ya que se apreciaban procesos de combustión interna e, incluso, había riesgo de hundimiento de determinadas zonas", ha apuntado el perito, quien ha añadido que en febrero de 2002 se recogieron muestras del vertedero y se comprobó que existían lodos procedentes de depuradora, residuos de curtidos y lixiviados, así como elementos "tóxicos y peligrosos" como boro y cromo, "éste último procedente, sobre todo, del tratamiento de curtidos, tóxico para las personas y con capacidad de generar cáncer, ya que se acumula en los organismos".

Por contra, otro perito propuesto por la defensa de Aparici ha manifestado que el vertedero contaba con un sistema de impermeabilización natural, "puesto que se ubicaba en un entorno geológicamente adecuado como para permitir un vertedero de forma controlada". Así mismo, ha aclarado que "el hecho de existir cromo y boro en sí no supone que sean tóxicos, ya que depende de la concentración".

Según ha manifestado, no existía un vertido directo del vertedero al barranco del Garrut y, en su opinión, no había posibilidades de que los lixiviados alcanzasen el cauce del Belcaire. Además, considera que la toxicidad de los lixiviados no supera los límites legales.

Otro de los testigos, un ingeniero del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó encargado de hacer el seguimiento de la concesión de los vertidos del Garrut ha afirmado que "los medios que ha tenido siempre el Ayuntamiento para gestionar los residuos han sido muy reducidos". Según ha aclarado, se le encargó que redactara un proyecto de vertedero controlado por parte de la Diputación de Castellón que recibió ésta en 1993, "el cual fue paralizado porque ya no eran los ayuntamientos los encargados de hacer los vertededos, sino la Generalitat".

En este sentido, ha destacado que cada semana subía al vertedero y no observaba "nada anormal", hasta que se produjo un incendio que le causó "alarma", por lo que se construyeron una chimeneas "muy rudimentarias" y -ha dicho- "es cuando hago un informe para advertir de que no se puede continuar como ahora".

El ingeniero también ha reconocido que en el vertedero había lodos de la depuradora y residuos de curtidos de pieles "autorizándose estos últimos de manera implícita, ya que no había autorización escrita". Finalmente, ha resaltado que el vertedero no reunía las condiciones de control necesarias. INFORMES

En su informe final, la fiscal ha considerado que ha quedado acreditado que el vertedero "era incontrolado, no tenía valla, no había máquinas para el correcto apilado de residuos, no había taludes, había residuos mezclados sin clasificación ni orden y no existía sistema de impermeabilización".

Así mismo, ha señalado que en dicho vertedero había lixiviados, lodos de depuradora sin tratar y riegos en casos de graves avenidas. "Se ha constatado la situación de ilegalidad del vertedero, así como que contenía residuos tóxicos y peligrosos como boro y cromo que superaban las cantidades permitidas por el Dominio Público Hidráulico", ha añadido.

La fiscal basa la acusación de Aparici en que "tiene una responsabilidad por omisión, ya que conocía una situación del riesgo y no puso medidas para impedirlo".

Por su parte, la defensa de Aparici considera que no hay ninguna prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia del vicepresidente de la Diputación, y ha agregado que "no se ha acreditado peligro ni toxicidad de los residuos, por lo que no se perjudica al equilibrio del ecosistema".