La Consejería de Empleo ha invertido desde el año 2004 un total de 1.484.091 euros en el Centro Andaluz de Integración Laboral Unificada (Cailu), entidad que favorece la inserción laboral de personas con discapacidad y en especial de mujeres discapacitadas y víctimas de violencia de género.

El consejero Manuel Recio ha visitado las instalaciones de Cailu en Alcalá de Guadaira (Sevilla), para conocer la labor que realiza la empresa dedicada a la serigrafía y tampografía, que actualmente cuenta con una plantilla de 21 personas trabajadoras de las cuales, 18 son mujeres.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante su visita, el consejero ha destacado la importante labor que realiza esta entidad, que pertenece a la Fundación Genus, a la que Recio ha considerado como "un modelo de empresa a seguir por ser el único Centro Especial de Empleo a nivel nacional que ha utilizado la discriminación positiva como una herramienta para lograr la integración en el mercado laboral".

En este sentido, Manuel Recio ha subrayado el apoyo que ofrece la Consejería de Empleo y la Junta de Andalucía a las iniciativas que favorecen la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo y en situación de exclusión social. "Una de nuestras prioridades es mejorar la empleabilidad de aquellos colectivos más vulnerables a sufrir el desempleo y especialmente a los colectivos en riesgo de exclusión social como son en este caso, las mujeres, con discapacidad y víctimas de la violencia de género", apostilló el consejero.

Recio ha apuntado la necesidad de apoyar los distintos proyectos y programas que realiza este Centro Especial de Empleo para "ofrecer una adecuada calificación profesional a las mujeres víctimas de la violencia machista que les permita alcanzar su independencia económica lo que, sin lugar a dudas, les servirá para salir de este delicada situación". Asimismo, el consejero recalcó que este tipo de iniciativas "facilitan la integración social y laboral así como la creación de empleo basándose en el principio de igualdad de oportunidades para conseguir una sociedad más justa e igualitaria".

En esta línea, Recio ha recordado la labor imprescindible que realizan los Centros Especiales de Empleo cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo a la vez que ser un medio de integración social. De este modo, la plantilla de los centros debe estar conformada al menos en un 70 por ciento por personas declaradas discapacitadas en un grado igual o superior al 33 por ciento.

En Andalucía existen en la actualidad 435 centros especiales de empleo. Desde el año 2007, Empleo ha invertido más de 132,2 millones de euros en fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad a través de los Centros Especiales de Empleo (CEE), lo que ha generado 45.811 puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas.

De este modo, la Junta apuesta por el fomento del empleo en personas discapacitadas ya que a los incentivos establecidos tanto para la creación como para el mantenimiento del empleo de personas con alguna minusvalía física o psíquica en estos centros, la Junta desarrolla un Plan de Empleabilidad para las Personas con discapacidad. Esta plan integra todas las medidas y proyectos de la Administración para fomentar el acceso al empleo normalizado del colectivo.

Talleres de oficio

Además del Centro Especial de Empleo, el Centro Andaluz de Integración Laboral Unificada (Cailu) cuenta desde el año 2008 con un Taller de Oficio Impresor, que forma durante un año en el oficio de las artes gráficas a 16 mujeres desempleadas, la mayor parte de ellas con alguna minusvalía provocada o agravada por la violencia de género. La iniciativa cuenta este año con una subvención de la Consejería de Empleo de 400.039 euros.

Los talleres de oficios son proyectos dirigidos a desempleados menores de 30 años (y mujeres sin límite de edad) que combinan la formación y el trabajo productivo, y que están destinados a la recuperación o mantenimiento de oficios tradicionales o de actividades demandadas por el mercado laboral del territorio. Las entidades promotoras (que pueden ser asociaciones empresariales o artesanales, empresas relacionadas con el oficio del proyecto y cámaras de comercio) deben garantizar al menos nueve meses de prácticas, con un grado de inserción laboral posterior de al menos el 50 por ciento. Asimismo, se exige que al menos la mitad de los beneficiarios sean mujeres.