Un total de 34 de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha firmado este miércoles las acciones judiciales acordadas para reclamar, ante los tribunales, el cumplimiento de los acuerdos relativos a este procedimiento, pues estos ex trabajadores del mercado central de abastos ven peligrar sus prestaciones al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación de los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste de este ERE.

Tras la firma de las acciones judiciales, celebrada en la sede provincial de UGT, el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 ha protagonizado durante más de dos horas un encierro en la sede provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM), ubicado en el mismo edificio que las instalaciones de la citada organización sindical, enclavadas en la avenida de Blas Infante.

Incluso contra el ayuntamiento

Estas acciones judiciales, según ha informado a Europa Press Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa, se dirigen finalmente contra el Ayuntamiento como accionista mayoritario de la sociedad mixta, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio, la consultora Vitalia Vida e incluso el propio mercado central de abastos. Domínguez ha precisado que en el caso de las dos administraciones públicas afectadas por las acciones judiciales; el Consistorio hispalense y la Junta, las demandas se traducirán primero en "reclamaciones previas", mientras Mercasa, Vitalicio, Vitalia y Mercasevilla serán directamente objeto de demandas a través del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac), el paso previo a la vía Social.

En concreto, el Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora Vitalia Vida, de otro lado, fue contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento.

Un documento revelador

Ya el pasado 2 de junio, como se recordará, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega el gobierno andaluz, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros —compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones— su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho ex trabajadores de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros.

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones. La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del ERE.

La junta niega la validez jurídica de los documentos

Otros dos documentos autonómicos firmados también por Francisco Javier Guerrero reflejan aspectos exactamente iguales para otros 26 ex trabajadores de la sociedad mixta, si bien la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito recogido por Europa Press, niega "rotundamente, cualquier compromiso de pago" para con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007 porque los documentos firmados por este ya ex alto cargo son "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".