Los discapacitados tendrán un gran centro de atención en Galicia

Estará en Santiago, con funciones de formación y rehabilitación. Más de 200.000 gallegos sufren minusvalías de diverso grado.
Galicia tendrá un centro específico de atención a las personas discapacitadas de la comunidad, que suman más de 200.000. Aunque los plazos están por definir, la Xunta ya ha dado el pistoletazo de salida al denominado Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi) al convocar el concurso para la redacción del proyecto de construcción de esta infraestructura que llevaba bloqueada cinco años, según la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

«El Cegadi es un edificio destinado a personas dependientes y en él se desarrollarán actividades de rehabilitación, formativas, de inserción sociolaboral, de sensibilización social, de I+D+i, así como la escuela de vida independiente», según aseguró Domingo Dosil, presidente de la Confederación Galega de Minusválidos (Cogami), que ostenta también el cargo de presidente del Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos de Galicia y es uno de los principales impulsores del proyecto.

Este anuncio se hace después de que en el pasado mes de noviembre el Consello da Xunta aprobase la cesión de unos terrenos en el barrio compostelano de Salgueiriños por parte del Ayuntamiento de Santiago.

Según indica la Xunta, éste será el primer gran centro de Galicia para atender las necesidades de personas con discapacidades. El edificio estará totalmente adaptado a las necesidades de personas con dependencias físicas.

Además, esta experiencia estará compartida con Portugal, que participará en el proyecto en colaboración con el Centro de Rehabilitación Profesional de Vilanova de Gaia. La financiación, unos seis millones de euros, correrá a cargo de la Xunta, el Gobierno y la UE.

Más plazas para ser funcionario

Domingo Dosil también expresa su satisfacción por el anuncio realizado el pasado viernes por el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, de que se modificará la Lei de Función Pública para reservar el 7% de las plazas que oferte la Administración autonómica a personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Esta medida se aplicará hasta que el 2% de los empleados públicos pertenezcan a este colectivo. Después se volvería al 5% actual. Además, Méndez Romeu dijo que se está estudiando crear puestos de asignación exclusiva para «personas con diversidad funcional».

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