Varios trabajadores de nacionalidad portuguesa que participan en las obras de ampliación del aeropuerto compostelano de Lavacolla han acusado a la empresa Construcciones Dabalpo de realizar despidos improcedentes, otorgar salarios menores a los comprometidos en las nóminas y ofrecer condiciones laborales "vergonzosas".

Los obreros han elegido el propio acceso a las actuaciones que el Ministerio de Fomento acomete en la nueva terminal santiaguesa como escenario para protestar por un trato "indigno" tanto en el campo de trabajo como en las condiciones de vida, ya que, según aseguran, los pisos habilitados por las compañías —en Sigüeiro— como residencia no cuentan ni con colchones —que deben aportar ellos mismos—, ni con calefacción y, algunos, ni siquiera disponen de aseos.

Se trata, en concreto, de la nave a la que han sido destinados dos trabajadores "en el medio del monte" —cerca de Sigüeiro— para realizar labores de colocación de materiales, como "castigo" por reivindicar sus derechos, tal y como ha relatado a los medios de comunicación uno de los afectados, Luis Manuel Costa.

Junto a ellos ha comparecido el secretario nacional de la Federación de Construcción de la CIG, Xosé Xoán Melón, quien ha destacado que Dabalpo —con domicilio en Ourense— es "una de muchas" empresas contratadas por la UTE (Unión Temporal de Empresas) y que, en la práctica, "ejercen como ETT" —empresas de trabajo temporal—.

En todo Galicia, ha indicado, tiene contratados a unos 250 empleados, de los que cifra un 90 por ciento procedentes de Portugal, que acceden a los puestos de trabajo debido a que los salarios son "incluso inferiores" en el país luso.

En concreto, en las obras de Lavacolla hay en la actualidad entre 30 y 40 personas contratadas por Dabalpo, ha dicho, aunque el portavoz de la CIG ha señalado que "hace sólo un par de días" eran unos 60, pero ha habido despidos "improcedentes".

"explotación consentida"

Existe una situación "de explotación consentida", ha censurado Melón, para resaltar que la central sindical continuará la campaña de denuncias sobre despidos y reclamaciones de cantidades "exorbitantes" para su abono por parte de la empresa.

Al respecto, ha expuesto que recibieron ya seis actas de infracción por parte de la Inspección de trabajo "que demuestran" que sus acusaciones son ciertas y ha añadido que lo "grave" es que donde más se producen estas circunstancias es en la obra pública, donde se llegan a contabilizar jornadas superiores a 10 horas y mínimos de hasta 5 euros por hora trabajada —cantidad en la que se incluyen conceptos liquidatorios, indemnizaciones y vacaciones—.

Críticas al gobierno luso y español

"Y del Ministerio de Fomento sólo obtenemos la callada por respuesta", ha reprochado, para, a continuación, censurar la actitud de los Gobiernos portugués, que no responde ante la situación de sus compatriotas, y español, al que "lo único que les preocupa es acabar las obras en plazo".

Para el secretario nacional de la Federación de Construcción de la CIG, el cierre de la valla de acceso a las obras durante su presencia en Lavacolla ha sido significativo de que en este lugar "está pasando algo". De hecho, agentes de la Policía Nacional han custodiado la zona ante la presencia de trabajadores, sindicalistas y periodistas durante algo más de una hora.

Para otro de los responsables de la sección de construcción de CIG, Xulio Vicente, el "responsable principal de todo lo que está pasando aquí" es la UTE. "Ni dietas, ni salarios ni horas extra, ni nada: su situación es casi de esclavitud", ha enfatizado y ha agregado que hay obreros que en 3 ó 4 años no han disfrutado de un sólo mes de vacaciones.

Baja por paternidad y asistencia médica

Los propios trabajadores se han encargado de profundizar en las denuncias a través de sus experiencias personales, como la de Domingos Leiras, hasta hace poco encargado de obra de varias actuaciones de Dabalpo en localidades pontevedresas como Vigo y Nigrán.

Tras criticar que las cifras que le abonaban no se correspondían con lo comprometido inicialmente, ha explicado, la empresa decidió su traslado a Santiago de Compostela como método de "humillación" y para que no pudiera protestar.

"O firmas el finiquito y cobras menos de lo prometido, o marchas". Pedro Ríos, oficial de segunda, ha indicado, así, que, en su caso, las represalias fueron provocadas por solicitar tres días de permiso cuando nació su hijo. A la espera de una notificación, a día de hoy "desconoce" si está despedido o si el contrato continuará en vigor.

Por su parte, Manuel Dalmo Alves ha asegurado que le negaron la asistencia médica después de sufrir una lesión en un brazo y que actualmente se encuentra de baja pero también "sin cobrar" el sueldo correspondiente a todos los días trabajados en agosto y parte de los de septiembre.

Para concluir, los responsables de CIG han hecho hincapié en que el sindicato continuará la campaña de denuncias ante la Justicia, que ya les "ha dado la razón" en uno de los casos de una persona que no tuvo descanso durante más de tres años.