La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido archivar las diligencias abiertas en relación con la querella formulada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los miembros del Consejo de Gobierno por un presunto delito de "prevaricación administrativa" por la aprobación del decreto ley de medidas urgentes para la reordenación del sector público.

En un auto dictado el pasado día 16 y facilitado a Europa Press por la Junta de Andalucía, el alto tribunal acuerda dictar el archivo de las diligencias "al no existir indicio alguno que permita estimar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito" y tampoco estima procedente elevar el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como solicitaba el sindicato querellante.

Según la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, "la actuación que se dice prevaricadora es un acto legislativo, no administrativo, por lo que cualquier duda sobre si, por estar o no comprendida entre las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por la Constitución y por su Estatuto de Autonomía, es o no constitucional, no puede de ninguna manera fundamentar la imputación de un delito de prevaricación administrativa, que requiere como presupuesto necesario una resolución administrativa".

El auto, contra el que cabe recurso de súplica, subraya por último que el archivo de las diligencias "no puede implicar lesión alguna para el sindicato querellante", Safja, que puede ejercer la acción popular ante el tribunal competente "si lo estimare conveniente". MORENO:

Segundo pronunciamiento judicial avalando el decreto

En relación con esta decisión del TSJA, la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, ha destacado que el auto del TSJA es el "segundo pronunciamiento de instancias ajenas" a la Junta que avala el decreto ley después de que el Defensor del Pueblo Español también rechazase que existieran motivos para instar una vía de inconstitucionalidad contra la norma.

En su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha indicado que se trata de un auto "absolutamente aclaratorio y contundente" que certifica que "no hay el menor atisbo ni la menor razón para imputar un delito al presidente de la Junta de Andalucía o al Consejo de Gobierno por la aprobación de este decreto ley".

En este sentido, ha subrayado que el auto "deja meridianamente claro que estamos ante un acto legislativo, con lo cual la Junta tiene plena capacidad para tomar estas decisiones", por lo que en el Ejecutivo andaluz "estamos muy seguros en lo jurídico" con el decreto ley.