La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha estimado que el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta podría ir al Parlamento andaluz para su tramitación final como proyecto de ley en febrero, aunque espera que ello se produzca "cuanto antes mejor".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la consejera ha admitido que en este decreto ley "hemos cometido el error al no haber tramitado el decreto como proyecto de ley desde el principio", algo que será subsanado con la aprobación de un nuevo decreto ley que sí será tramitado como ley.

En ese sentido, explicó que no se tramitó desde el principio como proyecto de ley "por el tiempo y por la lógica del decreto", toda vez que este decreto ley "aplica una ley ya vigente desde 2007, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), por lo que no hacía nada extemporáneo".

Así, explicó que este decreto ley "es bastante simple al ser una aplicación de la LAJA" y apuntó que se hizo "buscando la mayor eficiencia del gasto público, la mejor reordenación, eliminando duplicidades, una serie de cuestiones que tienen características de urgencia".

Asimismo, dejó claro que en ese decreto "tenemos un objetivo claro, pues no se tocaba para nada a los empleados públicos ni sus derechos y se buscaba poder tener una segunda etapa de mejor dimensionamiento de las estructuras periféricas de la Junta, sobre todo en capitales de provincia de la Junta, pero no pensábamos que ese procedimiento fuera elemento de conflictividad laboral".

Justificó además esa decisión de hacerlo inicialmente sin considerarlo proyecto de ley por el hecho de que "además se convocaron en aquel momento una huelga general y elecciones sindicales".

No obstante, reiteró que finalmente se tramitará como proyecto de ley y precisó que este proyecto irá al Parlamento andaluz "cuando la Cámara fije el calendario", aunque estima que "teniendo en cuenta la tramitación de este tipo de normas, de carácter de urgencia, calculo que podría ir en torno al mes de febrero", aunque espera que "cuanto antes mejor".

La consejera de Hacienda y Administración Pública reiteró que "no era necesario hacer este cambio", pero apuntó que lo hace "porque se ha producido alrededor una manipulación tan brutal que hace falta con luz y taquígrafos que todos los andaluces y en sede parlamentaria escuchen los argumentos fundamentales de la oposición, que deben en sede parlamentaria señalar donde está la privatización".

"Es muy importante que el conjunto de ciudadanos escuche lo que opina cada grupo político, pues existe una manipulación muy fuerte del decreto, sobre todo realizada por el PP, y pedimos que digan en qué parte se dice que se va privatizar, quién consideran ellos que son 'enchufados', pedimos a los partidos que opinen y cómo harían ellos una reforma de la función pública", aseveró Martínez Aguayo.

En ese sentido, la consejera reiteró que "no hay ninguna privatización ni alteración de derechos de ningún personal, ni los funcionarios dejan de ser funcionarios ni nadie obliga al personal laboral de la Junta a hacer nada, se mantienen sus condiciones y sus derechos".

Martínez Aguayo expresó asimismo su "indignación" por el concepto de "enchufismo", toda vez que "se está echando sombra de dudas sobre los miles de funcionarios y empleados públicos que están trabajando, y hay personas contratadas por un procedimiento reglado, por lo que está fuera de lógica y fuera del sentido común hablar de enchufados". PROTESTAS

Sobre las protestas de los empleados públicos, Martínez Aguayo consideró que "muchas de esas personas que actúan de buena fe están manipuladas y otras no lo sé porque es difícil saber quién esta detrás de esas manifestaciones, me gustaría saber quien está detrás".

En ese sentido, advirtió de que "si detrás de estos manifestantes hay sindicatos que tienen representación, las mesas están abiertas y algunos se han levantado y no han querido negociar".

En ese sentido, consideró que "la gente se puede manifestar, es algo correcto y aceptable en democracia, pero no cabe violencia y algunas de esas personas son radicales y tienen comportamientos que no son adecuados en un Estado democrático".

La consejera explicó que con este decreto ley "en un principio pretende reducir la estructura de mando en 180 puestos directivos y permitirá simplificar estructuras que están duplicadas, especialmente en las provincias, para un mejor funcionamiento y más eficiente del entramado público", tras lo que precisó que "paulatinamente, a medio o largo plazo, se pretende homogeneizar de ciertas condiciones de trabajo, como los horarios, se pretende una reducción de costes para un mejor servicio".