Organizaciones y colectivos sociales de Valladolid contrarios al cobro de la tasa por usar el espacio público a las entidades sin ánimo de lucro presentarán alegaciones en el periodo de exposición pública para que se regule con claridad la no sujeción de estas entidades a dicha tasa y, en su caso, recurrirán los presupuestos Municipales.

Asimismo y según confirmaron fuentes de la Federación de Vecinos en un comunicado recogido por Europa Press, los colectivos intervendrán en el Pleno municipal en que se aprueben las ordenanzas fiscales y realizarán acciones de calle en reivindicación del ejercicio de derechos constitucionales en la calle "sin precio".

Además está previsto recurrir administrativa y judicialmente las liquidaciones que se giren a las entidades sociales, punto en el que las organizaciones confirmaron que estos cobros por la "ocupación" de espacio público ya se están produciendo de forma generalizada y que, de este modo, el Ayuntamiento cobra por poner paneles informativos, mesas de recogida de firmas, repartir folletos, o simplemente por ocupar las calles y plazas con actividades de pública concurrencia.

Las organizaciones y colectivos sociales mostraron su "preocupación y su oposición radical" ante este cobro que, aseguraron, el Ayuntamiento justifica en base a una nueva "interpretación" de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público municipal, en concreto de su capítulo VII.

Las organizaciones sociales de la ciudad manifestaron que el sentido de la tasa de ocupación es "con total claridad" la utilización para desarrollar actividades comerciales o industriales con el objeto, directo o indirecto de obtener un beneficio económico y que, por tanto, las acciones que desarrollan las entidades ciudadanas no están sometidas a dicha tasa "pues se trata de actividades desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro y con la finalidad de difundir ideas o actitudes en pos de la mejora de la sociedad".

En su opinión, los propios técnicos municipales señalan en un informe "con absoluta claridad" que el hecho imponible de la tasa es la obtención de un beneficio económico y, por otro lado, las organizaciones destacaron que el cobro de una cantidad "condiciona" el ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad de expresión o de asociación "pues se está poniendo un precio a su ejercicio".