Las organizaciones del sector del comercio en Andalucía integradas en el Consejo de Comercio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han mostrado este martes su "profundo rechazo" al impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, que el Parlamento aprobará este miércoles, al tratarse de una medida de "imposición que repercutirá muy negativamente sobre el sector", del mismo modo que piden una moratoria de seis meses para que el impacto de esta "innovación" sea menor.

En rueda de prensa, el presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), Manuel García-Izquiero Parralo, que ha hablado en nombre de los representantes de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), de la Confederación Andaluza de Empresas de Alimentación (CAEA), así como de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), ha explicado que, este medida será exigible desde el próximo 1 de enero en toda la Comunidad cuando aún "no existe ningún tipo de desarrollo reglamentario ni, por supuesto, están adaptadas las empresas, ni formados los trabajadores y tampoco informados los consumidores".

Asimismo, ha señalado que, según las estimaciones del sector, la implantación de este nuevo "tipo impositivo supondrá un coste para las empresas de 36 millones de euros" dadas las necesidades de adaptación de los programas informáticos en los más de cien mil comercios afectados en Andalucía. Además, para los propios consumidores supondrá un gasto de 45,4 millones de euros el próximo año con un precio por bolsa que será de cinco céntimos, precio este que se incrementaría en 2012 en el doble, de seguir utilizándose este tipo de bolsas.

De esta manera, el sector, que ya tiene planificadas las campañas de Navidad y Rebajas, considera que el día 1 de enero es "el peor momento del año para introducir una innovación como la pretendida" y "lamenta profundamente que no haya existido la suficiente sensibilidad por parte de las autoridades competentes, a las que se les viene reiterando desde el pasado mes de julio que se trata de una medida altamente perjudicial y que requería el consenso de las partes".

En un contexto de "alta retracción del consumo y de crisis económica generalizada se perjudica gravemente al sector", ha apuntado García-Izquierdo, introduciendo una medida de tal índole en el período de mayor actividad, en la que "se redobla la atención al cliente y calidad en la prestación de servicios" y el vendedor tendría que "explicar y aplicar una medida hoy desconocida para el gran público".

No obstante, el presidente de la CECA ha afirmado que el sector comercial "es consciente de la necesidad de reducir el número de bolsas de plástico de un solo uso" y, en tal sentido, ha dicho, "ya viene trabajando de forma unilateral en esa línea poniendo en el mercado estrategias y productos con esa finalidad", que se ve "truncada por la imposición del Gobierno que, al parecer, será muy restrictivo en el desarrollo reglamentario de la norma".

En este sentido, ha comentado que "han sido varias las ocasiones en las que se ha ofrecido a la Administración regional la posibilidad de firmar un "pacto por la bolsa", medida que ya ha sido adoptada en otras Comunidades como Cataluña o Aragón para "reducir el uso de las bolsas de plástico", pues, según la norma, "el objetivo no es otro que reducir el consumo de estos elementos perjudiciales para el Medio Ambiente sin perseguirse en ningún caso la recaudación".

Además, García-Izquierdo ha señalado que Andalucía "es la única región que en la actualidad ha regulado este impuesto, con las ventajas competitivas que ello conlleva para los comercios andaluces y el consiguiente perjuicio para los consumidores".

Dificultades para el pequeño comercio

Por su parte, el secretario general de la CECA, José Guerrero Huesca, ha asegurado que los empresarios están "muy desesperados con la situación que se nos viene encima porque realmente el margen de maniobra es mínimo, materialmente imposible".

Así, ha argumentado que uno de los sectores más afectado será el del supermercado, concretamente el pequeño y mediano comercio, cuya "capacidad para modificar su programa informático es mínima, ya que en la mayoría de los casos son paquetes estandarizados".

Al hilo de esto, el director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha indicado que el coste administrativo de esta "innovación" lo tiene que asumir cada empresa, con lo cual, ante esta situación, "nadie sale beneficiado".