El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la declaración del concurso de acreedores de Noriega, por lo que se ha abierto el plazo de un mes para que los acreedores de dicha empresa del Grupo Sánchez-Ramade presenten la documentación en el juzgado y hagan las facturas rectificativas que les permitan recuperar el IVA de las facturas impagadas.

Así lo ha informado la Plataforma de Impagados de Noriega en su web, recordando igualmente que, "según el acuerdo adoptado por los acreedores en la junta del pasado día 16 de noviembre" en Córdoba, se insta a los cerca de 1.000 empresarios afectados de varias provincias andaluzas y de otras comunidades autónomas a que encarguen "la representación y defensa judicial" de sus intereses al despacho dirigido por el letrado Álvaro Blanc, con el objetivo de poder negociar en bloque el convenio que puede derivarse el proceso concursal iniciado.

Fue el Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba el que resolvió, con fecha del pasado 4 de noviembre, cinco autos declarando los concursos de acreedores voluntarios, es decir, a instancias de las propias empresas, referidos a cinco sociedades constructoras e inmobiliarias del Grupo Sánchez-Ramade. En concreto, los concursos afectan a las sociedades Noriega Edificación y Obra Civil S.L., Noriega S.L., Noriega de Arrendamientos S.L., Andaluza de Gestión de Arrendamientos S.L. y Colombina de Arrendamientos Urbanos S.L.

Posteriormente, el pasado 16 de noviembre, más de 200 empresarios de Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva y Madrid, entre otras provincias, integrantes de la Plataforma de Impagados de Noriega, acordaron en una asamblea celebrada en Córdoba actuar en el concurso de acreedores de dicha sociedad del Grupo Sánchez-Ramade de forma conjunta, como el mayor acreedor, promoviendo incluso la vía penal.

Según se estableció, ésta es la clave para que el titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que ha declarado el concurso les tenga en cuenta en las decisiones que adopte. No obstante, para ello, han de sumar, al menos, el 51 por ciento de la deuda ordinaria que la constructora de este grupo ha acumulado y no pagado, que puede ascender a unos 105 millones de euros y que se reparten unas 950 empresas.