La responsable del sector autonómico de la Administración General de la Junta de CSIF-A, Alicia Martos, considera "un mero blanqueo de formas" el nuevo decreto ley de reordenación de la Junta que aprobará el Gobierno andaluz este martes y que "no resuelve ninguno de los problemas de los empleados públicos".

En declaraciones a Europa Press, Martos indicó que "esta nueva formalidad anunciada para tramitar el acuerdo al que se llegó con CCOO y UGT sobre reordenación del sector público para hacerlo a través de un proyecto de ley y no hacerlo vía enmiendas a presupuestos de la Junta no resuelve nada ni modifica nada a efectos prácticos, no se subsanan ninguna de las polémicas".

En ese sentido, apuntó que "no se modifica el fondo de la polémica generada por el decreto ley aprobado en julio, cuyo descontento muestran día a día los empleados públicos".

Así, consideró que la consejera de Hacienda y Administración Pública "no ha entendido el mensaje claro que le están trasladando los empleados públicos, pues no es una mera cuestión sobre cómo van a tramitarse los cambios o la modificación del decreto ley, todo eso al empleado público le da igual, sino que los empleados públicos manifestamos nuestro rechazo a una medida normativa impuesta, no consensuada con las organizaciones sindicales más representativas".

Asimismo, agrega que "ninguna de las mermas en derechos y condiciones laborales que denunciamos los empleados públicos vienen a quedar subsanadas por un mero cambio en sus formas de tramitación".

En ese sentido, recordó que el sindicato ya dijo, cuando se suscribió el acuerdo de modificación del decreto ley, que esta modificación "no restauraba ni venía a reponer ni uno solo de esas condiciones o derechos mermados".

Por tanto, reiteró que CSIF "seguirá exigiendo la derogación del decreto y, si fuera necesaria la reorganización del sector público, se negocie desde cero y con todos los agentes sociales, esto es, todas las organizaciones sindicales presentes".

Martos lamentó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "desconoce el contenido de las protestas de los empleados públicos e incluso desconoce el texto del decreto ley dictado por su Gobierno, puesto que no es que se trate de hacer funcionarios a los que no han pasado por procesos selectivos, faltaría mas, sino que le dan cualidad de empleado público a personal ajeno a la administración pública sin que haya superado los procesos selectivos marcados por la Constitución y las leyes para funcionarios y personal laboral, que acceden a la función pública por procesos reglados".