Los prejubilados de Mercasevilla programan concentraciones y manifestaciones para reclamar sus prestaciones

El colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, ha acordado un nuevo calendario de movilizaciones que incluye tanto la participación en las protestas promovidas en el ámbito general por los sindicatos mayoritarios, como acciones propias en forma de concentraciones, manifestaciones, e incluso la "escenificación" de un 'nacimiento' a las puertas del Ayuntamiento, accionista mayoritario de la empresa. El colectivo, una vez más, reclama que el Gobierno andaluz asuma sus "compromisos de pago" respecto a este expediente de regulación de empleo cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros.

El colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, ha acordado un nuevo calendario de movilizaciones que incluye tanto la participación en las protestas promovidas en el ámbito general por los sindicatos mayoritarios, como acciones propias en forma de concentraciones, manifestaciones, e incluso la "escenificación" de un 'nacimiento' a las puertas del Ayuntamiento, accionista mayoritario de la empresa. El colectivo, una vez más, reclama que el Gobierno andaluz asuma sus "compromisos de pago" respecto a este expediente de regulación de empleo cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros.

Según el nuevo calendario de movilizaciones aprobado por la asamblea de este colectivo y recogido por Europa Press, las protestas serán reanudadas el próximo 24 de noviembre, cuando todos y cada uno de los miembros de este grupo deben firmar las acciones judiciales acordadas para reclamar, ante los tribunales, el cumplimiento de los acuerdos relativos a este procedimiento de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo. Esa misma mañana, el colectivo celebrará una concentración de protesta en el entorno de la avenida de la República Argentina, donde se ubica la sede de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo.

Ya el 2 de diciembre, el colectivo prevé celebrar una manifestación desde el entorno de la plaza de La Encarnación hasta la Plaza Nueva, donde se alza el Ayuntamiento. Precisamente ante la Casa Consistorial, los prejubilados esperan escenificar un "nacimiento" el 22 de diciembre coincidiendo con el arranque de las fiestas de Navidad. Para el 29 de diciembre, el colectivo ha acordado una concentración en un lugar aún por determinar y ya el 5 de enero de 2011 se celebrará una nueva concentración a las puertas de la sede central de la Consejería de Empleo.

El colectivo de prejubilados del ERE de 2008, que desde hace meses mantiene una acampada a las puertas de la sede social de la sociedad mixta, reclaman al Gobierno andaluz que reconozca los "compromisos" de pago contenidos en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, pues la Consejería de Empleo se ha desligado de tal procedimiento dejando en el aire el pago de estas prejubilaciones. El próximo 24 de noviembre, de hecho, el colectivo firmará las acciones judiciales acordadas para reclamar, por la vía Social, los acuerdos correspondientes a este ERE.

Inicialmente, estas acciones judiciales cargarán contra la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio, la consultora Vitalia Vida e incluso la propia sociedad mixta. En concreto, el Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora Vitalia Vida, de otro lado, fue contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento.

Un documento revelador

Ya el pasado 2 de junio, como se recordará, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega el gobierno andaluz, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros —compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones— su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho ex trabajadores de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros.

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones. La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del ERE.

La junta niega la validez jurídica de los documentos

Otros dos documentos autonómicos firmados también por Francisco Javier Guerrero reflejan aspectos exactamente iguales para otros 26 ex trabajadores de la sociedad mixta, si bien la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito recogido por Europa Press, niega "rotundamente, cualquier compromiso de pago" para con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007 porque los documentos firmados por este ya ex alto cargo son "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

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