El funcionario de la empresa concesionaria del servicio de aguas del Ayuntamiento de Santander, Aqualia, acusado de falsificar las cédulas de habitabilidad necesarias para el alta de los contratos, ha negado ante la Audiencia de Cantabria que entre 2005 y 2006 pidiera a los usuarios dinero a cambio de "favores", como los ha definido una testigo que ha relatado que le dio unos 300 euros.

El procesado, L.R.S., se enfrenta a una petición de penas de prisión de ocho años por delitos de falsificación de documento público y de cohecho, mientras que su defensa ha pedido la libre absolución al considerar que las únicas pruebas son "un fax y unas cuantas fotocopias".

En su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el acusado ha sugerido que los testigos que sostienen que les pidió dinero para solucionar problemas de tramitación en la gestión del agua pudieron estar "inducidos".

En concreto, en el juicio que ha quedado visto para sentencia hoy, se ha estudiado la situación de cuatro usuarios, cuyas cédulas de habitabilidad fueron duplicadas, entre octubre de 2005 y marzo de 2006, en unos hechos que se conocieron en el momento de transición del paso de la gestión pública a la privada del servicio de aguas.

Fue el servicio de tributos del Ayuntamiento de Santander el que detectó la existencia de cédulas de habitabilidad duplicadas en las que no coincidían las direcciones o los titulares, o que estaban intercambiadas, y en los que se habían cambiado "con 'Tipp-Ex' y máquina de escribir". Posteriormente, se comprobó que la máquina de escribir era la misma.

Las cédulas aparecieron en los expedientes municipales sin que sus titulares las hubieran entregado. El Ayuntamiento trasladó esta situación a la empresa, el entonces director, José Merino, ha contado como desde el Consistorio se dijo que no se investigará más porque el asunto estaba "ya en manos de la Fiscalía", única acusación en este juicio.

En la vista sólo ha comparecido una de los cuatro usuarios cuya cédula de habitabilidad fue falsificada, ya que otro ha justificado su enfermedad y a los otros dos se ha renunciado al no comparecer. El Ministerio Fiscal ha admitido que muchos usuarios no han querido acudir como testigos "porque ellos también cometieron ese delito".

Esta mujer ha reconocido al acusado como el funcionario que le pidió dinero por "hacerle el favor", instalarla el contador y cobrar el agua que se le había suministrado durante los tres meses en que estuvo sin contrato, en un servicio que en ese momento se le había cortado al carecer de cédula de habitabilidad. La usuaria no ha precisado la cantidad que se le pidió como "propinilla", pero en su primera declaración, antes del juicio, la cifró en 288 euros.

En cuanto le dio el dinero en mano a este empleado, este "le puso el contador" y a la semana ya estaba arreglado su problema, de forma que no tuvo que volver al Ayuntamiento para realizar ninguna gestión más. "Yo no quería saber más, quería que me solucionara la papeleta, y nada más", ha manifestado.

Desde el Ministerio Fiscal se incide en que los usuarios tenían el mismo problema con la cédula de habitabilidad, un problema que "desaparecía" en el momento en que trataban con el acusado, que intervino en "todos los casos", que tenía "acceso y podía manejar" los documentos, y que les "pidió dinero por el favor".

Es una acusación que la defensa, por el contrario, ve "poco fundada" ya que de la existencia de las cédulas falsificadas sólo se tiene constancia por "un fax y unas cuantas fotocopias", que supondrían el "objeto del delito".

El servicio de aguas

El acusado estaba al frente de la atención al cliente y las gestiones necesarias para la contratación, así como de la supervisión de los cobros y de los fraudes de los usuarios. Su jefa directa, con la que mantenía una relación "conflictiva" que les llevó a los tribunales, incluía inspecciones personales a las obras.

L.R.S. ha contado como había ciertos trámites que gestionaba los hacía a petición de concejales del equipo de Gobierno que se le presentaban porque consideraba que al venir de parte de ellos tenían algo de "solvencia". En los casos urgentes lo que hacía era tramitar lo que se conocía como altas condicionadas, de carácter provisional hasta que se concediera la licencia de primera ocupación.

Según ha señalado el empleado de Aqualia, en la etapa de expansión de la ciudad a los barrios de Peñacastillo, San Román, Corbán y Valdenoja, "no había ningún control" sobre las altas del abastecimiento del agua, hasta el punto de que hubo urbanizaciones que llegaron a funcionar durante 10 años con el alta provisional.

Desde la empresa nunca se le dio ninguna "directriz" concreta para abordar este tipo de situaciones, y ha citado casos como la instalación de contadores que no habían sido autorizados por la Dirección General de Industria, o la existencia de una deuda de "casi mil millones de pesetas" por facturas impagadas.

L.R.S ha explicado que mantenía una relación "un poco conflictiva" con sus superiores, con una de las cuales acabó en los tribunales por una sanción que esta le impuso y que posteriormente fue anulada.

El procesado trabajaba en el servicio de aguas cuando era el Servicio Municipalizado de Aguas (SEMAS), y lo siguió haciendo cuando la gestión pasa a la empresa privada Aqualia mediante concesión. En la actualidad, ha señalado, sigue trabajando para esta empresa del Grupo FCC, aunque no hace "nada" porque no le encargan trabajos. "Voy, ficho y me voy a las tres", ha afirmado.