Los expertos destacan las dificultades del sistema procesal español para una sentencia condenatoria por trata de blancas

La fiscal de Extranjería y de Cooperación Internacional Jurídica de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Teseida García, ha puesto este lunes de manifiesto las dificultades que se contemplan en el sistema procesal español para llegar a una sentencia condenatoria por trata de blancas con fines de explotación sexual o laboral.

La fiscal de Extranjería y de Cooperación Internacional Jurídica de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Teseida García, ha puesto este lunes de manifiesto las dificultades que se contemplan en el sistema procesal español para llegar a una sentencia condenatoria por trata de blancas con fines de explotación sexual o laboral.

Así se manifestó la fiscal durante unas declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de la inauguración de una Mesa redonda sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, celebrada en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y que contó con la participación de la delegada del Ejecutivo en las islas, Carolina Darias, y la responsable de UNIFEM en Canarias, María Elena Ruiz.

García indicó que desde su departamento de tratan los problemas de explotación sexual, pero también de explotación laboral, apuntando que su participación en la Mesa se basará en explicar las dificultades procesales para llegar a una sentencia condenatoria contra los tratantes.

"No solo contra la persona que aparece como tratante, sino contra toda la organización. Es muy difícil llegar a una sentencia condenatoria. Hay muchas detenciones pero, realmente llegar a una respuesta contundente es muy difícil por el sistema procesal de España y por el carácter trasnacional de la trata. Todo esto hace que sea un procedimiento largo, costoso y que muchas veces el resultado no sea el deseado", declaró.

García entendió que el procedimiento penal nacional es "poco ágil" en estos asuntos, ya que se juega con una "prueba estrella" que es la declaración de la víctima, quien puede llegar a cambiar su testimonio por el largo tiempo que transcurre entre la declaración policial y judicial, un periodo en la que su voluntad "puede ser comprada" por el miedo, por lo que abogó por la protección de las víctimas.

"Por eso es importantísimo la protección de la víctima —añadió— y que esta esté a salvo y tranquila para que pueda prestar su declaración, aunque esa no es la única prueba. Estamos ante un problema de concienciación, la sociedad no tiene conciencia de que estamos ante uno de los delitos más graves y más lucrativos. Se gana mucho dinero con pocos riesgos".

"repulsa y rechazo"

Por su parte, la delegada del Gobierno, Carolina Darias explicó que "se trata de poner en valor la repulsa y el rechazo a todo tipo de tráfico, en este caso de seres humanos, con fines de explotación sexual". "Estamos ante una forma moderna de esclavitud que, desde luego, rechazamos, repudiamos y condenamos. Es una vulneración de los derechos fundamentales que atentan contra la dignidad y la vida de las personas que son traficadas", dijo.

En este sentido, recordó que éste es uno de los delitos ilegales que más beneficios producen a las organizaciones que desempeñan este tipo de actividades. "El Gobierno de España —matizó— ha aprobado un plan integral contra la trata de seres humanos, poniendo en valor la sensibilización, educación, prevención y asistencia a las víctimas".

Darias hizo especial hincapié en que hay que perseguir este tipo de organización, ya que se trata de actuar policial y judicialmente, además de manera asistencial a las víctimas, para que una vez interceptadas las personas que trafican con personas, las administraciones puedan centrarse en las víctimas.

Finalmente, la responsable de la oficina de UNIFEM en Canarias, María Elena Ruiz, dijo que desde hace años se está trabajando desde distintas administraciones de Naciones Unidas para luchar contra un problema cuya solución no es "nada fácil".

Respecto a las respuesta de Naciones Unidas a este tipo de problemas, explicó que existen una serie de convenciones a la que los países se adhieren, además de programas y fondos judiciario contra este tipo de actividades.

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