PP presenta 45 enmiendas en materia de educación a los PGE, algunas de ellas de "importancia" para Andalucía

El PP-A pide evitar "la quiebra" de los centros socioeducativos para niños de cero a tres años en la región andaluza
Clase de una guardería
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EP/FELIB
Clase de una guardería

La vicesecretaria de Política Educativa del PP-A y senadora del PP, Patricia Navarro, ha anunciado este domingo que su formación ha presentado al Congreso de la Diputados y el Senado un total de 45 enmiendas de adición en materia de educación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de las que algunas tienen "gran importancia" para la región andaluza.

En concreto, según ha detallado la popular en una rueda de prensa, acompañada por la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, y el portavoz de Educación en el Parlamento regional, Santiago Pérez, entre las enmiendas presentadas al Congreso —un total de 43— consta una que insta al Gobierno de la Nación a crear un fondo de cohesión interterritorial para promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido con igualdad de condiciones, así como otra enmienda para modificar el reglamento de la conferencia sectorial de educación que refuerce su papel vertebrador y el control de las políticas educativas.

En cuanto a las dos enmiendas presentadas en la Cámara Alta, contempla por un lado un plan para la mejora de empleabilidad de titulados universitarios, donde se incluya un nuevo modelo de contrato laboral, medidas para el espíritu emprendedor y mejorar las relaciones entre las empresas y la Universidad. Mientras que por otro lado, el PP pide la redacción de un plan estratégico de formación profesional que aumente la oferta pública. Dos medidas "fundamentales" para la comunidad andaluza que, tal y como ha recordado Navarro, lidera el ranking de mayor tasa de desempleo juvenil en torno al 50 por ciento.

Entretanto, ha criticado que para 2011 la partida presupuestaria destinada a Educación sufra un descenso del ocho por ciento y "la gran damnificada de estos presupuestos es la educación universitaria", con recorte del 23 por ciento.

Además, la popular ha recordado que en 2010 se cumplía el último año de aplicación de la Memoria Económica de la Ley Orgánica de Educación (LOE), de modo que "el Gobierno estatal se comprometió a que la financiación se aumentaría en el periodo de 2006 a 2010 en 4.279 millones de euros y a día de hoy la inversión es de 2.418 millones de euros", critica.

Educación en andalucía

Por su parte, el portavoz de Educación en el Parlamento andaluz, Santiago Pérez, ha anunciado que el PP-A ha registrado en la Cámara una Proposición No de Ley (PNL) para evitar "la quiebra" de los centros socioeducativos para niños de cero a tres años integrados en la red de la Junta de Andalucía.

En este sentido, la formación popular reclama un aumento de la dotación económica para estos centros, de manera que "se equilibre el costo real de la plaza con la subvención que reciben por parte de la Junta con objeto de saldar el descalabro económico que sufren". Según ha señalado, el costo pactado por las plazas entre la Junta y estos centros es de 278,88 euros.

Así, ha criticado que en los presupuestos regionales para 2011 "hay menos dinero" que en 2010 y "se quieren cubrir más alumnos y gastos educativos". En concreto, la partida para el próximo año es de 305 millones de euros, mientras que en 2010 era de 308 millones de euros; se quieren ofertar plazas para unos 80.500 alumnos y el curso pasado la cifra rondaba las 77.800 plazas, y respecto a los centros en 2010 había un total de 1.269 y para 2011 un total de 1.450. Además, "los números no cuadran" porque en el curso pasado las peticiones de oferta eran unas 78.600, las plazas ofertadas eran unas 75.800 y al final los alumnos matriculados fueron 64.200.

De igual modo, en la PNL los populares piden la revisión del decreto 149/2009 que regula los centros educativos infantiles de cero a tres años, en el que "se propuso una serie de convenios con centros que eran privados y se les ofreció la posibilidad de integrar la red publica de la Junta, pero muchos de ellos están en peligro de cerrar".

Así, Pérez ha insistido en la revisión de dicho decreto porque "el objetivo de llegar a las 100.000 plazas no se puede conseguir a cualquier precio", sino que "se tiene que conseguir aumentando la red publica de centros y con la financiación adecuada para seguir construyendo centros".

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