El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado este sábado que la Administración andaluza seguirá investigando los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla y remitirá las irregularidades al juzgado.

En rueda de prensa tras reunirse con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, Griñán ha garantizado que "está dispuesto a investigar y lo está haciendo así" para, en todo aquello que se pueda comprobar que existe irregularidad, remitirlo al juzgado correspondiente.

Asimismo, ha señalado que "ya se han detectado varias irregularidades y ya han sido remitidas al juzgado", algo que ha afirmado "va a seguir haciendo desde el principio hasta el final".

De esta manera, la Consejería de Empleo ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis la inclusión de María del Carmen Fontela González como aspirante a la prejubilación en dos documentos del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa.

Dado que la propia compañía ha confirmado que Fontela González no pertenece o ha pertenecido a la plantilla del mercado central de abastos, el propio consejero de Empleo, Manuel Recio, ha ordenado una "investigación interna" en cuanto a "todos y cada uno de los casos" contenidos en el ERE de 2003, al objeto de resolver si el procedimiento, "reconocido e incentivado" por la Junta de Andalucía, contiene alguna otra "anomalía".

Manuel Recio ha informado a Europa Press, días atrás, de que una vez conocido el caso de María del Carmen Fontela González, cuyo nombre figura en el 'estudio de prejubilaciones' del procedimiento y en el protocolo de colaboración suscrito entre Mercasevilla y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, su departamento ha dado "traslado inmediato" del asunto al Juzgado de Instrucción número seis.

Dicha instancia judicial, en efecto, investiga en torno a Mercasevilla un posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, supuestas irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central y un presunto delito societario.

En esta última línea de investigación, además, se incluye el expediente de regulación de empleo promovido en 2007, de cuya financiación se desliga el Gobierno andaluz y en dos de cuyos documentos figuraba como aspirante a la prejubilación el ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, una persona también ajena a la empresa.