Un vecino de Cartaya (Huelva) y su familia lleva "un año" esperando para conocer la sentencia judicial que debe "indemnizarle por una expropiación encubierta" de hace más de 30 años.

Según ha informado el bufete Luis Romero y Asociados Abogados a Europa Press, este ciudadano y su familia "han sufrido durante más de 30 años una expropiación encubierta" por parte del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), y ahora que se iban a pronunciar los tribunales, la sentencia "no se dicta desde hace un año por un juzgado que está paralizado".

Asimismo, indica que el Ayuntamiento de Cartaya realizó una permuta con este vecino, su madre y su hermano en el año 1978, en cuyo proyecto se recoge "sin pacto previo" con sus propietarios y sin mediar comunicación previa alguna la exigencia del Ayuntamiento de dejar en la planta baja de la nueva vivienda un pasaje para la comunicación pública de dos calles, "obviando cualquier trámite legal de expropiación".

De este modo, señalan que este pasaje resultó ser una zona "totalmente insalubre" debido a las jeringuillas y excrementos que se acumulaban en el lugar. Por ello, se inició un expediente para hacer desaparecer el pasaje, solicitando la devolución al afectado del terreno que le pertenecía, o bien la valoración del perjuicio causado y la correspondiente indemnización económica por responsabilidad patrimonial.

Así, en noviembre de 2006, presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva contra la desestimación tácita "por silencio administrativo" del expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública formulado contra el Ayuntamiento de Cartaya.

Dicho recurso recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva, fijándose la cuantía en 1,4 millones de euros, y realizándose el trámite de conclusiones por el actor en septiembre de 2009. Pero hasta la fecha, transcurrido más de una año, no se ha dictado sentencia.

Ante esto, la familia formuló una queja ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en marzo de 2010, y el CGPJ archivó la misma por considerar que la dilación fue causada por "la complejidad técnica" de la prueba pericial practicada junto con otras circunstancias como el cese de la anterior Jueza titular y "la tardanza" en el nombramiento de la jueza sustituta, que también fue cesada, sufriendo una larga baja por enfermedad la actual jueza titular. "Por lo que el CGPJ mantiene que no existe ninguna irregularidad". Así las cosas, esta familia considera que lleva "más de 30 años esperando justicia".