El vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, será juzgado los próximos martes y miércoles en la sección primera de la Audiencia de Castellón acusado por la Fiscalía de autorizar el vertido de residuos en un vertedero no autorizado en la etapa en que era alcalde de la localidad castellonense de La Vall d'Uixó.

El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita para Aparici y para los entonces concejales de Obras Públicas y Urbanismo del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, Alfonso López y Enrique Segarra, respectivamente, dos años de prisión e inhabitación para empleo o cargo público por un periodo de 8 años por un delito de prevaricación.

Así mismo, el Ministerio Público demanda para el vicepresidente de la Diputación y para el representante de la mercantil a la que autorizó el vertido de residuos 20 meses de multa, con una cuota diaria de 30 euros, y arresto de 20 fines de semana por un delito de establecimiento de depósitos o vertederos de residuos tóxicos o peligrosos.

Alternativamente, el fiscal pide para ambos 5 años de prisión, 30 meses de multa con una cuota de 30 euros e inhabilitación durante 4 años para empleo o cargo público para el primer acusado, e inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con la gestión de vertederos para el segundo acusado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según el fiscal, Vicente Aparici, en su condición de alcalde de La Vall d'Uixó entre junio de 1995 y junio de 2003, autorizó a la mercantil Marcelino Carretero S.L. para que, de manera periódica, efectuara vertidos y depósitos de todo tipo de residuos industriales y domésticos en un vertedero no autorizado ubicado en la partida Garrut, el cual no contaba con autorización municipal ni licencia, ni estudio de impacto, ni condiciones que pudieran limitar los efectos nocivos para el ecosistema o la salud de las personas.

Los vertidos que se efectuaban contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas, algunas directamente como los metales pesados y otras de manera indirecta al mezclarse entre sí.

El fiscal indica que el proceso continuado de dichos vertidos ha provocado de manera reiterada y continuada la producción de lixiviados durante un largo periodo de tiempo que, de manera sistemática e invariable, han tenido por destino final el cauce del barranco del Garrut, afluente del río Belcaire, donde en ocasiones, junto con otros caudales, ha seguido su discurrir hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo y en épocas de sequía ha ocasionando filtraciones en el subsuelo, afectando de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas.

En muestras tomadas en noviembre de 1999 y en mayo de 2002 se detectó la presencia de diferentes contaminantes. Así, se constató la presencia de cromo, boro, sólidos suspendidos, cloruros, amoniaco, entre otros.

El Ministerio Público asegura que Aparici "no sólo autorizó el vertedero y los depósitos, sino que además, conocedor de las diversas ilicitudes, no inició ningún tipo de actividad sancionadora. Tan sólo se adecentó exteriormente la imagen del vertedero, con conocimiento de los también concejales acusados.

Los efectos del vertedero, aunque actualmente en desuso, siguen produciéndose y se seguirán produciendo durante un periodo de tiempo no determinado sin que sea posible concretar su grado de reversión, señala el fiscal.

Restaurar el equilibrio

El Ministerio Público también demanda en el apartado de responsabilidad civil que Aparici, el representante de Marcelino Carretero S.L. y los dos concejales sean condenados a la adopción de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado con el tratamiento adecuado para los materiales y sustancias depositadas, y se declare la responsabilidad civil subsidiaria en dicha mercantil y en el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó. Así mismo, se interesa la clausura del vertedero.