La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico ha admitido cinco de las ocho alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Santander al anteproyecto de Ley de Transportes de Viajeros por Carretera de Cantabria, pese a que el Consistorio las ha remitido fuera de plazo, según ha informado el director general de Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez.

En una rueda de prensa en la que ha respondido a las declaraciones realizadas esta mañana por la concejala de Movilidad Sostenible, María José González Revuelta, Sánchez ha señalado que el plazo para las alegaciones finalizó a principios de septiembre, y el Ayuntamiento las ha presentado el pasado 17 de noviembre.

Pese a ello, la Consejería considera que cinco de ellas son "razonables" y las va a recoger en el documento, porque "enriquece" la ley. Algo que, según ha dicho, también se hubiera hecho si se hubieran presentado "en tiempo y forma" o desde el Ayuntamiento se le hubiera llamado, ya que su departamento ha estado abierto a la colaboración con el Consistorio y no va a "cejar" en ello, ha dicho.

Sobre las tres alegaciones en las que ambas partes discrepan, una de ellas se refiere a la gestión de los servicios regulares de transporte urbano de viajeros que, según el artículo 19 del anteproyecto, se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa.

Para el Ayuntamiento, esta medida invade competencias municipales, pero Marín la ha defendido señalando que este artículo es prácticamente igual que el que recoge la ley de Transportes de la Junta de Castilla y León, que sirve de "paraguas" al Ayuntamiento de Burgos, del PP, para prestar mediante gestión directa este servicio.

Por eso, ha recomendado al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna que "pregunte" al de Burgos, Juan Carlos Aparicio, por esta coincidencia. Y ha opinado que detrás de esta crítica del Ayuntamiento se "esconde" el hecho de que se están "dando los pasos necesarios" para "privatizar" el servicio de transporte urbano, TUS.

"Probablemente intentan echarnos la culpa de algo que tienen decidido hacer", ha considerado el responsable de Transportes.

Las otras dos alegaciones que no comparte la Consejería se refieren a un mismo tema, el de las paradas urbanas de los servicios de transporte interurbano. El anteproyecto señala, por un lado, la necesidad de que los ayuntamientos emitan un informe sobre la posible ubicación de las mismas, y por otro que la Consejería es competente para establecer o modificar dichas paradas.

Sánchez ha destacado la conveniencia de que sea el Gobierno el que determine donde paran los servicios que él mismo presta, como se viene haciendo hasta ahora, ya que no sería viable tener que "pedir permiso" a todos los ayuntamientos por los que pasa cada línea.

Por lo demás, ha asegurado que no se ataca la autonomía municipal, sino que la normativa respeta que son los ayuntamientos los "único competentes" en sus servicios urbanos, incluso "si desean privatizar" es "responsabilidad única" del Ayuntamiento de Santander, ha recalcado.

Sánchez ha concluido que desde la Consejería se intentará seguir hablando con el Ayuntamiento, "mi teléfono siempre está abierto" ha recalcado, y ha precisado que, en cualquier caso, se trata de un anteproyecto y, por tanto, aún es un "proceso abierto" que no ha concluido; además de que se pueden presentar enmiendas cuando se tramite en el Parlamento regional.

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