La hija del ex alcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil ha asegurado que éste no le comentó la posibilidad de nombrarla interlocutora entre el Ayuntamiento de Marbella y el Tribunal de Cuentas, cuando este órgano iba a comenzar la fiscalización, y ha precisado que ella sólo era secretaria de su padre "en asuntos personales".

"Mi padre en la vida me ha nombrado nada con referencia al Ayuntamiento, yo no tenía ningún cargo en el Consistorio", ha apuntado Miriam Gil, que ha declarado como testigo en el juicio del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados al letrado José María del Nido.

La testigo ha indicado que su padre, entonces alcalde, "me comentaba poco del Ayuntamiento", porque ella era "su secretaria personal", sobre todo relacionado con el Atlético de Madrid, y ha insistido en que no le informó de la visita de los representantes del Tribunal de Cuentas a Marbella.

El fiscal le ha preguntado por una reunión celebrada el 1 julio de 1999, ya que ha indicado que en la misma, según la declaración en el juzgado de uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, estuvo la testigo; y ésta ha negado que participara en ese encuentro, porque en ese momento, "en la primera semana de julio", estaba de luna de miel.

Esta causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar varios informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Entre los acusados están, además de Del Nido, el ex alcalde Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico Juan Antonio Roca.

El juicio comenzó el pasado 6 de abril y aún quedan por declarar más de 40 testigos, entre ellos varios ex concejales, como Isabel García Marcos, Pedro Román o Rafael Calleja, y también actuales ediles; la ex alcaldesa Marisol Yagüe; letrados y miembros del Tribunal de Cuentas.

El ministerio fiscal sostiene en sus conclusiones iniciales que la contratación de los servicios profesionales del también presidente del Sevilla, sobre todo para la fiscalización que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas, "estuvo basada exclusivamente" en la voluntad de Gil "sin" el preceptivo expediente.

Indica en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que Muñoz, que habitual y formalmente presidía en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente".

Así, se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", señala la acusación pública, quien apunta a un comportamiento "despatrimonializador".

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