El Ayuntamiento de Miengo reconoce que existen "pocas posibilidades" de un cambio en el pronunciamiento judicial sobre el derribo de la urbanización 'Playa Marzán', en Cuchía, pero aun así agotará todas las vías posibles antes de demoler las viviendas.

Además, si se ejecuta el derribo, propondrá un acuerdo a la Junta de Compensación del Plan Parcial de Cuchía para volver a levantar la edificación en la misma zona, para lo cual pedirá que el Gobierno regional asuma el 50 por ciento del coste de la obra y la ejecute a través de la empresa pública Gesvican.

Así lo asegura el Consistorio en un comunicado en el que muestra su "respeto" por el auto judicial que rechaza su petición y la de la comunidad de propietarios para evitar el derribo, pero asegura no compartir la decisión.

Es más, en su opinión, la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander es "una huída hacia adelante" del propio Juzgado que, "según el Tribunal Supremo", emitió una sentencia "gravemente perjudicial para el interés público".

El Ayuntamiento entiende que la causa está juzgada, como argumenta el juzgado para rechazar su petición, pero recalca que "persiste el error judicial" y anuncia que recurrirá el fallo hasta que sea firme.

Reconoce que las posibilidades de variación son "pocas" y explica que cuando se agoten "todas las posibilidades" ejecutará la sentencia de derribo, para lo cual tiene ya un proyecto que supone un coste de 130.000 euros.

Pero además, el Consistorio ha avanzado que planteará un acuerdo a la Junta de Compensación y al Gobierno de Cantabria para volver a construir el edificio, un proyecto que requerirá una inversión de alrededor de 1,3 millones de euros, según sus estimaciones. La idea del Ayuntamiento es que esa inversión sea cofinanciada al 50 por ciento por el Ayuntamiento y el Gobierno regional.

Al mismo tiempo, como la Administración local se siente "gravemente perjudicada" por esta sentencia, pedirá una indemnización al Ministerio de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por los "perjuicios" ocasionados en los últimos doce años por un "error judicial".

"papel mojado"

Por otro lado, el Ayuntamiento lamenta que esta decisión judicial "va en contra de la voluntad del pueblo de Cantabria", ya que el Parlamento regional ha expresado "por unanimidad" el "deseo de arreglar y dar solución" a este tipo de situaciones que "tanto daño están generando" a la región y a su imagen.

Es más, considera que si se aplica el principio de 'causa juzgada', como ocurre en este caso, la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo es "papel mojado".

"Desde el Consistorio se seguirá trabajando para dar una solución a las víctimas (que son los compradores de dichas viviendas); a la propia imagen del Ayuntamiento, que siempre actuó dentro de la legalidad; y para exigir las responsabilidades de todo tipo a los responsables de este desaguisado", concluye.