La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración pretende sustituir el modelo de pago de subvenciones por el pago concertado de cada plaza asistencial y extenderlo en 2011 a las 1.300 de discapacitados, según explicó, en Cartagena, el responsable de este departamento, Joaquín Bascuñana, quien anunció también la creación de un fondo de 24 millones de euros para sostener la prestación de servicios sociales por parte de los Ayuntamientos.

Bascuñana aseguró en la Asamblea Regional que, con un presupuesto que sube un 7,5 por ciento, de 317 a 324 millones de euros, podrá "garantizar que ninguna persona mayor, discapacitada, menor o familia que necesite asistencia se quedará sin ella", aunque para ello haya que cambiar de modelo. El censo de población a la que hay que atender asciende a 183.000 personas según los datos de la Consejería.

Bascuñana reconoció que, en aras a la "austeridad" y la mejor gestión, hay que cambiar el modelo de subvenciones a residencias y asociaciones por otro de pago por las plazas y las personas a las que acogen. Ese modelo se irá extendiendo poco a poco también a la asistencia de mayores.

Asociaciones que "no son viables"

"Además de ahorrar, se trata de ordenar el sistema. Y si a consecuencia de eso hay asociaciones que no son viables, no podremos hacer nada", apuntó.

El consejero quiso referirse en concreto a la alarma que todo esto ha creado en las empresas y asociaciones que atienden a discapacitados, indicando que "hay un 34 por ciento más de fondos". Esgrimió, asimismo, una carta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región (CERMI), que agrupa a todas las asociaciones que atienden a discapacitados, "y que me asegura que no hay división y que está dispuesta a seguir negociando", indicó.

Esa misma austeridad, según Bascuñana, obligará también a "prescindir los programas menos urgentes" como los de jornadas de habilidades y talleres para personas con necesidades de atención "para priorizar los servicios básicos".

Asimsimo, consideró "necesario" renegociar a la baja el pago de prestación de servicio en políticas de familia, y explicó que "en estos momentos, lo estamos haciendo con las asociaciones prestatarias y esperamos llegar a un acuerdo".

La cobertura de servicios básicos, realizada por los Ayuntamientos, será premiada con el citado fondo de 24 millones de euros de los que 15,5 millones irán a la atención primaria, 1,5 millones a atención temprana y siete millones a otras políticas sociales.

Respecto a la dependencia, indicó que este año se ha incorporado a 17.000 nuevas personas asistidas, con lo que hay ya más de 63.000 bajo ese paraguas asistencial.

Durante la intervención del consejero, un centenar de personas pertenecientes a la Asociación Rascasa de Cartagena se manifestó a las puertas de la Asamblea. Al parecer reclaman el pago de la subvención que les compense por la prestación de asistencia a personas en riesgo de exclusión social, durante este año, en el Barrio de Los Mateos.

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