El sindicato CSIF-A ha decidido abandonar la Mesa General de Función Pública convocada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para analizar el decreto ley de reordenación de la Junta por no considerarla un "foro legítimo" para abordar dicha norma y ha anunciado que seguirá con nuevas protestas en contra del decreto ley, entre las que figuran una "cadena humana" en torno al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha suscrito y concretado su acuerdo con CCOO y UGT para modificar el decreto ley, un acuerdo que "de forma inmediata" se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se elevará a las enmiendas que se presenten a la Ley de Presupuestos de la Junta para 2011, de forma que, según indicó la consejera el ramo, Carmen Martínez Aguayo, "los estatutos de los diferentes organismos de la Junta incorporarán plenamente los acuerdos adoptados en esta mesa y esos acuerdos se cumplirán a rajatabla".

Durante esta reunión, los dos representantes de CSIF Pedro Rebollo y Rafael Gavilán han intervenido en primer lugar en dicha Mesa General -donde están presentes la Junta de Andalucía y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF—, leyendo un manifiesto con su postura en este asunto, que pasa por la derogación del decreto ley y tras más de una hora se han levantado y se han marchado al "no reconocer esta mesa general como legitimada para negociar en este aspecto, carece de legitimidad este foro", según ha explicado a los periodistas Rafael Gavilán, quien consideró como foro adecuado la mesa sectorial de funcionarios.

La reunión de la Mesa General, que ha continuado con los representantes de la Junta y los sindicatos CCOO y UGT, se ha desarrollado entre importantes medidas de seguridad al estar concentrados en el edificio Torretriana centenares de funcionarios y empleados públicos que han pedido entre pitadas y gritos la derogación del decreto ley.

Al término de esta reunión, Martínez Aguayo ha lamentado la actitud de CSIF, toda vez que "no ha dado oportunidad de negociar y se ha levantado de la mesa", algo que ha lamentado la consejera, ya que ese sindicato "debería haber entrado a negociar muchos aspectos y ayudar a garantizar derechos adquiridos y que no se van a privatizar los servicios ni el personal. "Era un sindicato en principio serio y su postura no me parece razonable", aseveró.

No obstante, la consejera se felicitó por "haber llegado a un acuerdo con las dos fuerzas sindicales mayoritarias", un texto similar al preacuerdo inicial con algunas modificaciones añadidas sobre temas específicos de personal, como elementos de carrera profesional y de derechos de funcionarios, toda vez que "en esta reunión se ha entrado en el detalle de cada colectivo, dominando la voluntad de consenso en los distintos ámbitos".

La consejera, que indicó que el decreto ya está en vigor, precisó que tras la publicación en BOJA y su aprobación entrarán en vigor las modificaciones.

En relación con las protestas que se desarrollaban en Torretriana, Martínez Aguayo lo ha atribuido a una "manipulación importante" que responde a un "ataque a lo público y a los empleados públicos con el interés de desprestigiarlos y contribuir a facilitar su desaparición y disminución", por lo que espera que "los funcionarios de buena fe y que están con incertidumbre, al ver el acuerdo negro sobre blanco se den cuenta de que están siendo objeto de esa importante manipulación".

Postura de ccoo y ugt

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, Felipe Falcó, se ha mostrado "sorprendido" por la actitud de CSIF, toda vez que "en los últimos tiempos venían siendo sindicatos negociadores y de pronto se han separado de esta mesa"

Falcó ha explicado que se ha conseguido una moratoria a la hora de negociar los protocolos de integración en los nuevos organismos tras la reordenación, con lo que "se relaja en su aplicación el decreto ley y se pacificará el asunto", ya que "a 31 de diciembre debemos tener negociados los estatutos mientras que habrá más tiempo para elaborar los protocolos de integración, en los primeros meses de 2011, caso por caso".

El dirigente de CCOO, que precisó que este acuerdo con la Junta no tiene que pasar por la mesa sectorial y reiteró que no se retirarán los recursos judiciales presentados hasta que no se publique el acuerdo en el BOJA, reconoció que ha sido una negociación "intensa" donde "además de lo firmado en el seno de la Concertación había cuestiones propias de la función pública que se han planteado, unas se han reconocido, como pequeñas modificaciones sobre convenio colectivo, y otras no".

Por ello, indicó que "queda mucho trabajo por delante, la reordenación es un trabajo largo y complicado, pero hemos conseguido preservar los derechos de los empleados públicos de Andalucía y toda de legalidad al decreto ley que va a amparar esta remodelación".

Por su parte, el secretario general de

Fsp ugt-A, Antonio Tirado, criticó la actitud "muy poco responsable" de CSIF, que "se ha limitado a leer el recurso que ha presentado contra el decreto ley y ha considerado que esta mesa era ilegítima para negociar, al apuntar que se debe negociar en mesa sectorial, pero la ley es clara y no se puede llevar la negociación donde interesa".

En ese sentido, reivindicó la representatividad de CCOO y UGT, que "representamos al 75 por ciento de los empleados públicos de la Comunidad".

Tirado se mostró "satisfecho" de la reunión que permite "modificar el decreto ley a través de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos" y donde "hemos conseguido los objetivos de garantizar los derechos de los trabajadores y creemos que se va a prestar mejor servicio público".

Asimismo, frente a la "contaminación" que sufren los empleados públicos, Tirado quiso trasladar un mensaje de que "el tiempo da y quita razones" y abogó por el diálogo frente a los desacuerdos, tras lo que resaltó el "esfuerzo y la voluntad" de estos dos sindicatos para llegar a acuerdo y negó que "se intente meter a los trabajadores por la puerta falsa, no hay enchufismos".

Postura de csif

Por su parte, el portavoz de CSIF, Rafael Gavilán, había justificado previamente que la Mesa General "aborda el sector sanitario, enseñanza o justicia, por lo que si hay que hablar sobre la reordenación del sector público, que se haga en la mesa sectorial y se circunscriba exclusivamente al ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía".

Advirtió de que CSIF "estará dispuestos a negociar desde cero i si se deroga este decreto ley que está impuesto y que ha sido recurrido ante los tribunales, pues no cabe la enmienda ni es subsanable".

Apuntó como puntos principales de "discordia", junto al hecho de que la Mesa general "no es el foro para hablar de la reordenación", el hecho de que "se trata de un proceso encubierto de privatización de los servicios públicos, donde se otorgan y transfieren a los entes y empresas públicas potestades publicas, esa es la perversión", con lo que "se produce la entrada en la Administración por la puerta de atrás de 25.000 trabajadores que no han acreditado su capacidad ni sus méritos para formar parte de la administración". Agregó que para esos trabajadores "no cabe otra solución que abrir un proceso selectivo en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano".

Gavilán precisó que, además de mantener los procesos judiciales, prepararán nuevas movilizaciones, para lo cual tendió la mano al resto de organizaciones sindicales "que con son mayoritarias en la mesa sectorial", para así "ir de la mano y remando en la misma dirección, pues CCOO y UGT ya se han posicionado".