El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado su "máxima comprensión" hacia los padres y familiares de la joven sevillana Marta del Castillo que este miércoles registraron en el Congreso de los Diputados 1,6 millones de firmas a favor de la cadena perpetua revisable y ha advertido de que para instaurar esta medida punitiva "no basta con cambiar el Código Penal" sino que es necesario reformar la Constitución.

En cualquier caso, se ha declarado partidario de la resocialización de los presos, tal y como establece la Carta Magna en su artículo 25. "Personalmente, yo coincido con él porque al artículo 25 no le gustan los corredores de muerte ni los corredores donde se agota la vida. Al artículo 25 le gusta la resocialización", ha subrayado en la clausura de las XXXII Jornadas de la Abogacía General del Estado que han abordado la reforma del Código Penal.

Además, ha ensalzado el nuevo Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre porque ha conseguido "un importante consenso político" en "lo sustancial" y ha "modulado la proporcionalidad" entre el "populismo punitivo" y la "racionabilidad". Después de destacar que los cambios se han hecho eco de los compromisos internacionales en materias como la trata de seres humanos, ha asegurado que España es el "único" país de la Unión Europea que "mantiene en su sistema penal el cumplimiento íntegro de las penas".

Los padres y familiares de la joven sevillana Marta del Castillo han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados 1,6 millones de firmas que han recogido para pedir un referéndum constitucional para la legalización de la cadena perpetua revisable y el cumplimiento de las condenas "íntegras" sin beneficio penitenciario para delitos graves.

Delitos de terrorismo por imprudencia

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha abordado la reforma que afecta a los delitos de terrorismo y ha destacado que "por primera vez" se recogen las conductas terroristas cometidas por imprudencia por parte de organismos "obligados a colaborar" en la prevención de estos delitos como son los abogados, los asesores fiscales, los casinos de juego o los promotores inmobiliarios.

Los cuales, según ha explicado, deberán responder en su posesión de garantes si colaboran de modo imprudente en la provisión de fondos económicos para las organizaciones terroristas.