El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha anunciado este jueves que las compañías eléctricas y el Ministerio de Industria están negociando la compra de carbón nacional como "solución de emergencia" para evitar el "problema social" que se puede crear en las cuencas mineras.

Aliaga se ha manifestado así durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por el Partido Popular para informar sobre la situación de la Central Térmica de Andorra (Teruel), del sector del carbón y sus empresas auxiliares, así como de las gestiones e iniciativas que está adoptando el Gobierno de Aragón para garantizar el futuro de las comarcas mineras.

El consejero ha señalado que si las eléctricas no compra el carbón autóctono que hay acumulado "la situación en 15 ó 20 días puede ser preocupante" y las minas y el transporte "tendrían que parar".

Aliaga ha precisado que la negociación se centra el "habilitar un procedimiento especial, si retiran el recurso" presentado por las eléctricas en Luxemburgo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra el real decreto del Gobierno español que prima el consumo de carbón nacional.

El consejero ha recordado que este real decreto fue publicado ante la reducción del consumo del carbón para generación eléctrica en un 26 por ciento en 2009 a causa de la bajada de la demanda por la crisis, de la "entrada" de las energías renovables y del "buen año hidráulico".

En este sentido, ha comentado que si a finales de 2008 se superaban en los parques nacionales de carbón los seis millones de toneladas, a finales de 2009 se pasó a más de nueve millones. En el caso de la Central Térmica de Andorra, ha indicado que hay carbón almacenado "para un año de funcionamiento de la central".

Todo lo posible

Aliaga ha asegurado que está "en permanente comunicación" con el ministerio y ha asegurado que hasta ahora "he hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance", considerando el real decreto "muy valiente" y recordando que recibió el visto bueno de la Unión Europea tras varios meses de negociaciones, a pesar de que había sido informado de "dudosa legalidad".

Sin embargo, las compañías eléctricas españolas lo impugnaron y se dictó la suspensión cautelar del real decreto. El consejero ha reconocido que "el tema no está resuelto", ha afirmado que ha utilizado las resoluciones unánimes de las Cortes de Aragón en esta materia para trabajar y ha manifestado a los grupos parlamentarios que sus partidos "van a tener que emplearse a fondo en Bruselas".

Al respecto, ha explicado que, además de la "urgencia" de solucionar la aplicación el real decreto para evitar problemas a corto plazo en España, la Unión Europea está tramitando la aprobación de un reglamento del carbón y "va a depender de ustedes que salga ese reglamento" de acuerdo con las necesidades de la minería española.

Aliaga ha apostado por diseñar una política energética en España "con consenso" y ha asegurado que sin la implicación del Comisario Europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, "tengo mis dudas de que hubiera salido el real decreto" en Bruselas.

Tarde y mal

El diputado del Partido Popular, José Ignacio Senao, ha criticado que España no aprovechara su Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 para "resolver el problema" y ha sostenido que el Gobierno central publicó el real decreto del carbón "tarde, mal y sin consenso".

Además, ha lamentado que la consejera de Presidencia de Aragón y candidata del Partido Socialista a la Presidencia de la Comunidad, Eva Almunia, haya "roto" el consenso en esta cuestión con unas declaraciones "por afán electoralista" y que el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias "no esté echando toda la carne en el asador".

Asimismo, ha pedido "un gran esfuerzo" para resolver la situación, para asegurar que el PP "estará, como lo ha estado en Teruel y en las comarcas mineras, al lado de Gobierno de Aragón para solucionar este problema".

El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, ha criticado la "debilidad" del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, "incapaz de poner en marcha un decreto y de hacer frente al poderoso lobby de las eléctricas y por eso en las comarcas mineras están defraudados", a lo que se suma el "fiasco" de la Presidencia española de la UE.

Además, ha argumentado que no hay que confundir lo "urgente", que es quemar el carbón autóctono para que no esté "paralizado el trabajo en las minas y en las térmicas", con lo importante.

Esto último es, ha sostenido, "que la fecha de cierre de las minas no sean tan inmediata como propone el reglamento aprobado por el Colegio de Comisarios de la UE, en 2014", cuando "estaremos en crisis y no habrá recursos para una reconversión", de forma que las comarcas sufrirá "un golpe durísimo".

El diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha opinado que "el problema está abierto" y las "minas abocadas al cierre" y "ahí hay que hacer un trabajo importante", siendo "la primera pelea que asumamos todos los grupos el trabajo en Europa, para que esto no se acabe el 2014".

Barrena ha reclamado "unidad, compromiso y arrimar todos el hombro en la misma dirección", para lo que ha asegurado que se puede "contar con IU".

Lo que podía hacer

El diputado del Partido Socialista, José Ramón Ibáñez, uno de los grupos que apoya al Ejecutivo aragonés, ha afirmado que el Gobierno de España y el de Aragón "han hecho lo que tenían que hacer y todo lo que podían hacer", en una situación que "no es culpa" de estos ejecutivos, sino por la "caída de la demanda y el aumento de producción de las renovables".

A su entender, el real decreto "está bien hecho" y "saldrá adelante jurídicamente", a pesar de que las compañías eléctricas "han pretendido y conseguido frenar la aplicación del decreto".

El diputado del PAR, Javier Callau, el otro grupo que sostiene al Gobierno, ha apuntado que el escenario actual "no era previsible hace dos años" para afirmar que el Gobierno aragonés "siempre ha trabajado en buena línea".