Cada murciano que cumple con su obligación de pagar los impuestos tiene que abonar 830 euros más anualmente en este concepto para compensar la evasión fiscal en toda la Comunidad Autónoma, que se sitúa en torno al 24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de 2009, por encima de la media nacional del 23,3 por ciento. Esto significa que casi 1 de cada 4 euros está 'sumergido' en la Región de Murcia.

Así lo hizo saber en rueda de prensa el secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quien justificó que la economía sumergida en la Región de Murcia es "ligeramente superior" a la media nacional porque la construcción de la segunda residencia y la agricultura tienen un "peso específico importante" en el PIB de la Comunidad, y se trata de sectores que se ha demostrado que son "claramente evasores".

Y es que la construcción, pese a la caída de la actividad inmobiliaria, "sigue siendo el sector que acumula la mayor parte de la tarta del fraude fiscal, lo que es fácil de entender porque mucha gente que ha tenido que comprar vivienda o algún familiar suyo sabe que ha tenido que escriturar habitualmente un precio inferior al realmente pagado".

Mollinedo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida con motivo del X Congreso Nacional que Gestha ha celebrado en Murcia bajo el título 'Contra el fraude fiscal', y que ha reunido a unos 300 asistentes, entre autónomos, profesionales que se dedican a la asesoría y magistrados encargados de las liquidaciones que practica la Agencia Tributaria, en representación de unos 6.000 técnicos y profesionales del sector.

Los 830 euros que debe abonar cada murciano se corresponden con el "exceso de impuestos que pagamos para mantener los servicios públicos que actualmente están configurados". Con un plan eficaz de lucha contra el fraude, Mollinedo estima que se podría reducir la economía sumergida española hasta niveles de la media europea, lo que permitiría recaudar anualmente unos 38.500 millones de euros adicionales que servirían para aliviar el déficit público y el fuerte endeudamiento de la economía española.