El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, se ha mostrado convencido de que "estamos ante el fin" de ETA, aunque ha considerado que no será cosa de "un día" y que la organización terrorista "dará disgustos" antes de concluir. Además, prevé que su final "coincidirá" con que una generación de jóvenes vascos que no cree en los principios democráticos "supere la mala formación cívica".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ibarra ha afirmado que, en la actualidad, se vive "un momento de madurez democrática", en la que, en concreto, en la Comunidad Autónoma Vasca se tienen "muchas posibilidades de vislumbrar el fin de uno de los problemas que nos ha venido aquejando", en referencia a ETA.

"Creo que no hay ninguna duda de que estamos en el fin del terrorismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto no quiere decir que esta fase, que es final, vaya a terminar en un determinado tiempo. Probablemente, no va a terminar como soñamos cuando éramos jóvenes, con que iba a terminar en un día y que, además, podríamos sacar una foto de ese día", ha indicado.

En su opinión, "como todos los fenómenos, el del terrorismo se irá apagando, pero, probablemente, nos dará disgustos antes de que concluya finalmente".

Para el presidente del TSJPV, "probablemente, su fin coincidirá con un cambio generacional, y lo que es seguro es que, en este momento, hay una generación de jóvenes en el País Vasco que no confía en la democracia como principio de convivencia, que no cree que se pueda establecer una convivencia a partir de los principios democráticos y, mientras esa generación no supere esa mala formación cívica, será difícil que estemos en el final-final".

Ibarra ha señalado que, en esta situación, a los jueces les corresponde aplicar el principio de "paz jurídica", que supone que, "cuando uno tiene un conflicto, bien sea con una persona, o de un grupo con otro grupo, si no puede resolverlo de forma autónoma, entonces va a un tercero, y confía en que ese tercero, mediante la aplicación del Derecho, va a tomar una decisión que la va a asumir".

"Y a eso es a lo que nos comprometemos los jueces, a que los conflictos que se nos plantee los vamos a resolver de acuerdo con la absoluta vinculación a la Ley y al Derecho vivos, es decir, a la Ley y al Derecho aplicados, y para aplicar la Ley y el Derecho hay que vivir en la sociedad y tener las claves en las que esa sociedad vive", ha apuntado.

La amenaza de eta

El máximo representante del TSJPV ha considerado que existe "una menor presión en términos cuantitativos" por parte de ETA, pero ha precisado que "no hay un desistimiento por parte de la organización terrorista".

"Por tanto, mientras haya una organización que considere que los jueces son sus enemigos existenciales, es decir, que cifre su propia supervivencia en la desaparición de los jueces, mientras eso ocurra y esa organización esté dispuesta a emplear la violencia para resolver esa situación, nosotros nos sentiremos amenazados", ha señalado.

Tras manifestar que los miembros de la Judicatura tendrán que desarrollar su función "con ese parámetro", ha indicado que detectan "que la capacidad de presión, sobre todo en términos sociales, de la organización terrorista, es menor". ESCOLTAS

En cuanto a la reorganización del servicio de escolta que prevé Interior, ha asegurado que "hay una reflexión sobre el programa de seguridad" que se aplica desde hace ya diez años a jueces y fiscales en el País Vasco.

"Se trata de un programa de protección de personas, que se coordina con un programa de seguridad de edificios, un programa de diez años de duración, que, lógicamente, tiene que revisarse, y estamos en ello", ha apuntado.

En esta línea, ha reconocido que, "como es natural, las posiciones no coinciden plenamente", y ha precisado que su principal planteamiento es que "las decisiones no se tomen con prisa, que se tomen previo un análisis individualizado de riesgos, y en eso estamos".

"Suponiendo que no estemos de acuerdo en el inicio del procedimiento, ahora estamos plenamente de acuerdo. De hecho, en este momento, se están llevando a cabo esas evaluaciones individuales de riesgo", ha apuntado.

Testimonio en las aulas

El magistrado ha recordado que trasladó a la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, su ofrecimiento para que los jueces transmitieran su testimonio en los centros escolares en el programa de educación cívica que se enmarca en el Plan de Convivencia y Deslegitimación de la Violencia, impulsado por el Ejecutivo de Patxi López.

"El juez que vive en un contexto de amenaza tiene que garantizar que, en el caso concreto, esas personas que le amenazan van a ser enjuiciadas de manera imparcial por jueces independientes. Y este esfuerzo, que es un esfuerzo intelectual, y es un esfuerzo, sobre todo, de método y de procedimiento y garantías, los jueces lo hemos venido haciendo, al menos, desde el asesinato de José María Lidón", ha destacado.

Según ha explicado, el perfil de juez que se incluirá en ese programa es que "no sea mediático, en el sentido de que no se confunda su testimonio con la persona".

Ley de partidos

En cuanto a la Ley de Partidos, ha recordado que la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró su constitucionalidad. "Lo que establece es qué medidas puede tomar el legislador cuando se está en presencia de una organización contraria a la democracia y que, además, utiliza la violencia para perseguir fines contrarios a la democracia", ha aseverado.

El magistrado ha manifestado que, en torno a finales de febrero, antes de que finalice el plazo de presentación de las candidaturas, quien quiera concurrir a las elecciones como una formación política, "tendrá que tener hechos sus deberes". "Y entre sus deberes estará, si es un partido político, que esté registrado en el registro de partidos políticos", ha añadido.

El máximo representante del TSJPV ha aclarado que en Euskadi no tiene que determinarse si se cumple o no la Ley de Partidos, sino que en la Comunidad Autónoma Vasca hay una Administración Electoral que verifica que las listas que se proponen "tanto sean formaciones políticas o agrupaciones de electores, estén en orden".

"Pero la impugnación eventual de estas candidaturas con motivos que tengan que ver con la constitucional o no de los partidos políticos se lleva en una sala especial del Tribunal Supremo, la Sala del 61, y en última instancia, ante el Tribunal Constitucional", ha apuntado.

Preguntado por si la coyuntura política o social debe tener un margen para influir en las decisiones judiciales, Juan Luis Ibarra ha respondido afirmativamente, y ha destacado que "las leyes se interpretan de acuerdo con el contexto social con el que se aplican".

"Esto sería tanto como decir que las leyes no se aplican por máquinas, sino por personas. Las personas tenemos, lógicamente, un compromiso de obediencia y vinculación con la Ley, pero es una obediencia pensante", ha apuntado.

De esta forma, ha subrayado que, "cuando uno actúa de acuerdo con un criterio de legalidad y mediante un criterio de obediencia pensante, en esa obediencia, por supuesto, están incluidos muchos elementos y también los de la realidad social, indudablemente".

En este sentido, ha subrayado que la Constitución faculta a los jueces para que interpreten la Ley y sean "lectores de la Ley". "Y, como todo lector, tenemos que estar atentos al contexto en el que se produce ese relato y esa norma", ha manifestado.