Unas 400 personas, convocadas por CCOO, CSI·F, Sindicato Libre, CGT, ESK e Intersindical Valenciana, con el 75 por ciento de la representación sindical en Correos, se concentraron hoy para rechazar el Apagón Postal y el Proyecto de Ley Postal que proporcionará el marco legal para la liberalización del sector el 1 de enero de 2011 y cuyo objetivo, subrayan, "es desmantelar la empresa pública".

El acto de protesta, al que han sido convocados más de 60.000 trabajadores en todo el Estado y unos 1.520 personas en Murcia, dio comienzo a las 10.00 horas en la Plaza Circular para continuar por la Avenida Constitución, Gran Vía y culminar en la Delegación de Gobierno, donde las organizaciones convocantes hicieron entrega de un manifiesto.

Y es que las organizaciones sindicales no están dispuestas a que el Gobierno "hipoteque y desmantele" Correos, "haciendo verdaderos ejercicios de maquillaje de cuentas, en una empresa que desde el año 2008 ha sufrido un recorte en la financiación del 50 por ciento que arrastra un déficit de 2 millones de euros, con una previsión en 2011 de 86".

Asimismo, continúan fuentes sindicales, Correos ha perdido más de 7.000 puestos de trabajo en los últimos años y que se enfrenta a la liberalización del mercado "sin que Gobierno ni empresa hayan presentado un plan estratégico ni de viabilidad para Correos y los 60.000 trabajadores y trabajadoras que conforman su plantilla".

"Frente a las soflamas del Gobierno y ciertos grupos parlamentarios, la Ley Postal es un proyecto sin consenso sindical ni social alguno, que se sustenta en el trasvase del servicio postal público a los privados, a un mínimo coste, sin cobertura financiera para Correos que pierde más de 1.000 millones de euros del espacio reservado, con previsibles pérdidas de empleo, reducción de la extensión del servicio postal universal, del derecho público y esencial de los ciudadanos a recibir el correo los cinco días de la semana, independientemente de su ubicación geográfica".

En definitiva, explicó a Europa Press José Antonio Galera, secretario general CCOO Correos, "una empresa pública que está siendo abocada a su desmantelamiento y privatización bajo leyes progresistas e intereses partidistas".

Al mismo tiempo, las organizaciones convocantes exigen a la empresa la negociación del Convenio para personal laboral y Acuerdo para personal funcionario, para cerca de 60.000 trabajadores, bloqueado desde hace casi dos años, que blinde los derechos salariales y laborales frente a la política de recorte del Gobierno.

La Mayoría Sindical seguirá presionando con iniciativas movilizadoras, a lo largo de todo el territorio durante las próximas semanas, para reconducir la Ley con el objetivo de evitar sus consecuencias que podrían conducir a Correos a su desarticulación a través de un ERE encubierto o de su privatización y cuya conclusión será una huelga general que podría realizarse entre finales de este mes y comienzo del siguiente.