La concejala de Movilidad Sostenible de Santander, María José González Revuelta, ha reiterado este miércoles su denuncia del intento de privatización del transporte urbano municipal por parte del Gobierno de Cantabria y ha afirmado que es el consejero de Transportes, Juan José Sota, quien "desconoce la legislación al respecto o miente".

González Revuelta ha indicado que el PSOE y el PRC han elaborado un anteproyecto de Ley de Transportes a través del cual pretenden que los servicios municipales de autobuses se presten por una empresa privada ya que, en su artículo 19, establece que "la prestación de los servicios regulares de transporte urbano de viajeros de uso general se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa".

La concejala ha remarcado que este artículo vulnera la Ley de Bases de Régimen Local, según la cual la decisión relativa a optar por una u otra forma de gestión de los servicios públicos municipales es una competencia exclusiva de los ayuntamientos y no, como pretende hacer el Gobierno de Cantabria, de las comunidades autónomas.

Por ello, se ha reafirmado en su denuncia de que el Gobierno de Cantabria "quiere imponer a los ayuntamientos la forma de gestión de su transporte público y no sólo eso, sino que pretende que la gestión sea a través de concesiones a empresas privadas, lo que supondría privatizar el TUS".

González Revuelta ha lamentado que Sota, "para defender la presencia de este artículo en el anteproyecto de ley que ha preparado, tenga que invocar una ley estatal que, en la parte en la que se refiere a la administración autonómica y local, fue declarada inconstitucional en 1996 porque invadía competencias de otras administraciones".

En este sentido, ha explicado que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres a la que hace referencia el consejero no es de aplicación al transporte urbano sino únicamente a los transportes cuya competencia corresponde al Estado.

De esta manera, el transporte urbano debe regirse por la normativa autonómica, que es con la que el Gobierno de Cantabria quiere "imponer" a los ayuntamientos de la región el modelo de la gestión privada a la hora de prestar el servicio de transporte municipal, ha dicho.

"Nuestro único interés es que se respete la autonomía municipal, que cada ayuntamiento pueda elegir y decidir cómo gestionar sus servicios, al igual que ocurre con los servicios de multas, basuras y agua, sin ninguna interferencia por parte de otra administración", ha subrayado la concejala de Movilidad Sostenible.

González Revuelta considera que la regulación que pretende establecer el Gobierno regional resulta "especialmente grave" en el caso de Cantabria, donde el único Ayuntamiento con servicio de transporte urbano de viajeros es el de Santander, y donde existe un régimen de gestión directa por la propia entidad local que "entraría en colisión" con la forma de gestión por la que opta el anteproyecto de ley, invadiendo así las competencias municipales y la autonomía local.

Además, ha explicado que el anteproyecto sólo establece la posibilidad de que la gestión sea pública en el caso de que existan motivos que así lo justifiquen. Sin embargo, el simple hecho de que, a día de hoy, haya numerosas ciudades en las que los autobuses municipales son gestionados por empresas privadas demuestra la práctica imposibilidad de justificar la decisión de optar por una gestión pública.

"Este anteproyecto de ley genera una enorme inseguridad jurídica, puesto que cualquier ciudadano o empresa que tenga un interés en gestionar este servicio podría reclamar ante los tribunales que el Ayuntamiento de Santander deje de prestarlo de forma directa y, a la vista de esta norma, podría obligar al Ayuntamiento a establecer una concesión", ha afirmado González Revuelta.