El alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón (PA), enfrenta una nueva petición fiscal de siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, además de seis meses de prisión, acusado de autorizar, mediante la concesión de licencias municipales en acuerdos de pleno, la construcción en suelo no urbanizable de 41 viviendas unifamiliares a sabiendas de que constituía una ilegalidad de acuerdo con la legislación vigente.

El regidor zurgenero acumula un total de 12 procedimientos penales abiertos, entre ellos, el derivado de la macrooperación conocida como 'Costurero' que se saldó en el año 2007 con su detención. El juez instructor de esta causa ordenó incoar procedimiento abreviado hace un año y medio contra él y otras 24 personas, entre ellos parte de la corporación local, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.

Trabalón se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería en marzo de 2011 junto al concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), los ex ediles también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos —quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP— y los ex concejales de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez.

El fiscal solicita en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, la misma pena para todos ellos, así como para el técnico municipal Francisco Salvador Granados como presuntos autores de un delito de prevaricación. Interesa, asimismo, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día.

Para la pareja que figura como responsable de la empresa que promovió las viviendas, Isidoro García y Francisca Muñoz, el representante del Ministerio Público pide dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.

Según consta en el escrito de acusación, los administradores de la mercantil Promociones 'Las Canaícas SL', con sede en Albox, promovieron y construyeron en 2006 un total de 53 viviendas unifamiliares en los parajes zurgeneros conocidos como 'Barranco de Los Pinos' y 'Cortijo Zurano' sobre "suelo no urbanizable". Doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, "no contaban con licencia municipal y no eran autorizables".

Los 41 inmuebles restantes, continúa el fiscal, se construyeron "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y con una licencia municipal concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable "emitido a sabiendas de su injusticia" por el técnico municipal Francisco Salvador Granados.

El regidor y los ediles tanto en el gobierno como en la oposición se constituyeron en pleno "y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias" también "a sabiendas de su injusticia" pues "todos ellos —sostiene el Ministerio Público— tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable".

Propietarios británicos

En la vista oral, que se celebrará los días 8,9,10 y 11 de marzo de 2011 ante el Juzgado de lo Penal número 2, están personados alrededor de una treintena de ciudadanos británicos con los que los promotores acusados, a quien el fiscal exige se le imponga fianza para hacer frente a la responsabilidad civil por posibles indemnizaciones, celebraron contratos de compraventa y que, por tanto, figuran como propietarios de las mismas.

Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular ya que el Ministerio Público, al amparo del artículo 319,3 del Código Penal, solicita la demolición de los construido y que la indemnización, por la cuantía de la cantidad abonada en el contrato de compraventa, corra a cargo de Isidoro García y Francisca Muñoz.

Los cargos públicos y el técnico municipal acusados enfrentan en otro procedimiento una pena de siete años de inhabilitación para empleo y cargo público, así como ocho meses de cárcel, como autores de un presunto delito de prevaricación por autorizar otra promoción de viviendas sobre suelo no urbanizable, en concreto un total de cinco en el paraje conocido como 'El Cucador'.