Círculo Balear ha pedido al Govern, al Estado y al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que valoren si se debe permitir que una entidad sostenida "con fondos públicos" como la Obra Cultural Balear (OCB) "ponga en duda nuestro sistema democrático", tras conocer la condena a la intérprete marroquí Saida Saddouki, que "desmonta las falsas teorías de persecución lingüística hacia los catalanoparlantes".

En un comunicado, la entidad ha lamentado que se trata de un "hecho sin precedentes en cualquier democracia europea" que una organización "abiertamente antidemocrática, anticonstitucional y que da cobertura a grupos violentos" también acuse de irregular al sistema judicial, "cuando la subsistencia de la propia OCB depende de las millonarias subvenciones públicas que recibe tanto de las instituciones de gobierno de Baleares como del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: 4,3 millones de euros en los últimos 3 años".

Es por ello que desde Círculo Balear consideran que los ciudadanos de Baleares "no se merecen que organizaciones radicales como la OCB siga financiándose con los impuestos de los contribuyentes para que mediante presuntas oficinas de derechos lingüísticos intenten quebrar nuestra convivencia mediante falsas denuncias y cuestionamientos profundamente antidemocráticos como ha resultado del caso Saddouki.

"Todo ello es motivo más que suficiente para que esta organización deje de vivir a costa del erario público", han manifestado después de que esta mañana la OCB propusiera que en los próximos juicios que se celebren en relación casos de presunta discriminación lingüística haya presentes observadores internacionales que velen por un resultado justo y garanticen que se produzcan sin ningún tipo de irregularidad, como respuesta a la condena impuesta a la traductora marroquí Saida Saddouki, cuyo caso pondrán además en conocimiento de Amnistía Internacional.

Tanto el coordinador de la entidad, Tomeu Martí, como el presidente Jaume Mateu, han mostrado su "total respaldo" a Saddouki después de que la intérprete haya sido condenada a pagar 900 euros de multa y a indemnizar con 600 euros al capitán de la Guardia Civil Bartolomé del Amor, por un delito de injurias graves con publicidad por haber denunciado un trato vejatorio por parte de Del Amor por defender el catalán, a sabiendas de la falsedad de sus declaraciones.