La Consejería de Obras Públicas y Vivienda tiene en proceso de regularización en Andalucía en 2010 un total de 794 viviendas de promoción pública pertenecientes a su patrimonio público residencial y adjudicadas en su día en régimen de arrendamiento o de acceso diferido a la propiedad, una figura híbrida entre el alquiler y la venta con la que el ocupante cuenta con un plazo de tiempo variable para adquirir el inmueble.

Según ha indicado la Junta en una nota, esta medida "posibilitará a las personas ocupantes de los inmuebles que carecen del título que acredite su condición de residentes legalizar su situación mediante la formalización del correspondiente contrato de cesión en arrendamiento o de cesión en compraventa". Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía pretende también "comprometer a los inquilinos en el mantenimiento y conservación de los inmuebles".

Recordó que esas viviendas están ocupadas por personas que no pueden aportar ningún tipo de documentación que acredite su condición de adjudicatarios originarios. Para normalizar esta situación la Consejería inició a finales de 2007, mediante decreto, un proceso de regularización que está actualmente vigente y mediante el cual estos residentes pueden acogerse de forma voluntaria.

Para beneficiarse de esta iniciativa, las 794 familias tienen que demostrar que han residido en las viviendas durante como mínimo dos años y siempre con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del decreto que regula la normalización; así como que tienen en esa casa su residencia habitual permanente. De igual modo, deben acreditar mediante documento auténtico o copia debidamente autenticada la renuncia de la persona titular de los derechos arrendaticios o de acceso diferido a la propiedad.

Los inquilinos acogidos a este proceso cuentan con unos ingresos no superiores a 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y están obligados a abonar las rentas que le correspondan desde el momento de la ocupación de la vivienda o a elevar a escritura pública e inscribir en el registro de la propiedad la compraventa efectuada en el caso de que la nueva adjudicación que se realice con este trámite sea en este régimen.

Por provincias, Cádiz y Sevilla son las que más solicitudes de regularización han recibido, con un total de 409 y 233, respectivamente. La tercera provincia más activa es Málaga, con 62 expedientes. Mientras que en el resto las peticiones de formalización se sitúan en niveles menos destacados: 37 en Granada, 16 en Almería y Córdoba, 15 en Jaén y seis en Huelva.

Otras medidas

De forma simultánea a este proceso, la Consejería precisó que también está impulsando medidas tendentes a promover la amortización anticipada y la reducción de los plazos de pago del capital pendiente de abonar por los titulares y adjudicatarios de viviendas en régimen de compraventa o acceso diferido a la propiedad.

En la actualidad, la Consejería está tramitando el acortamiento de plazos respecto de 245 inmuebles, mientras que para la medida de amortización anticipada existen un total de 2.441 expedientes. Recordó que los interesados en este proceso se beneficiarán de una deducción del dos por ciento del importe pendiente de liquidar por cada año que se reduzca la amortización y una reducción de 250 euros del capital a pagar para compensar los gastos de registro y escritura pública.