El ex encargado en el Ayuntamiento de Cártama (Málaga) del servicio de control de las zonas rurales ha negado que pidiera dinero a propietarios de viviendas a cambio de impedir paralizaciones o de ocultar expedientes y ha asegurado que él era "el chivato" del Consistorio, al que informaba de las obras ilegales, aunque también notificaba a los dueños las sanciones impuestas.

Un jurado popular juzga desde este lunes a este hombre, al que el fiscal acusa de reclamar en al menos 11 ocasiones dinero —en total 130.000 euros— para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. Además, se juzga a otras dos personas más, uno que actuó de intérprete en una ocasión y uno de los propietarios que supuestamente pagó.

El principal acusado ha indicado que el Ayuntamiento le contrató en 2004 "a dedo" por dos años para realizar tareas de vigilancia de construcciones ilegales, identificándose cuando llegaba como guarda de campo, tras lo que ponía en conocimiento del área municipal de Urbanismo las actas de inspección, que no denuncias, que había realizado.

Ha reconocido que notificaba "por parte del Ayuntamiento" las sanciones impuestas y que en algunos casos les decía "que era mejor pagar ese dinero", pero ha negado que él pusiera la cuantía o que el dinero se lo dieran a él, asegurando que "nunca" ha cobrado o recibido cantidad alguna de los propietarios de las fincas. "Sería multimillonario, según lo que dicen", ha ironizado.

El procesado ha explicado que presentó su dimisión a los pocos meses en parte porque había denunciado a un concejal "por hacerse un chalé de lujo" y porque el alcalde le dijo que "en la forma en la que estaba la cosa, iba a explotar", añadiendo que "el Ayuntamiento prometía que las obras, pagando una multa se legalizaban, pero como no se arreglaba nada, todos los días había una cola de gente".

Por esto, ha considerado que le cogieron "como cabeza de turco" y ha precisado que en año y medio denunció 7.500 viviendas, cuyos expedientes "han desaparecido, aunque las construcciones siguen ahí". En este sentido, su defensa ha mantenido que el Ayuntamiento tenía una intención "recaudatoria" y que "se seguían instrucciones" de dicho organismo.

El fiscal, que le acusa de un delito continuado de cohecho, ha señalado que no se ha podido probar que este procesado llegara a cobrar más que de una persona, que está acusada y cuya defensa ha reconocido que lo hizo, al estar convencido de que "estaba pagando a un agente de la autoridad", no sólo por la apariencia física sino "en el proceder", con el fin de "evitar un mal mayor".

Por su parte, el letrado del Ayuntamiento de Cártama, personado como acusación particular, ha indicado que "nadie puede pedir dinero para legalizar lo ilegalizable" y ha añadido que el principal acusado "decía que era la mano derecha del alcalde y que estaba autorizado para ello". Respecto al intérprete, su abogado ha dicho que fue "instrumento de traducir, no cómplice", como está acusado.