Los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar, que llevan más de 20 años intentando demostrar que su relación constante con el uranio en su actividad profesional ha influido de una manera evidente en su salud, han elevado su petición a la Casa Real y han puesto su caso en manos de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, ha asegurado a los ex trabajadores que aun están vivos que va a llevar su reivindicación a la comisión parlamentaria competente, que en este caso, se trata de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El abogado de los ex trabajadores, Manuel Vázquez, ha asegurado a Europa Press que "han enviado un comunicado a la Casa Real, y en respuesta al mismo, que, sinceramente, se realizó con gran rapidez, nos aseguraron que remitirían en caso al Ministerio de Trabajo".

La historia de los trabajadores que componían la plantilla de la FUA "casi se pierde entre papeles y burocracia", señalaba Vázquez. La FUA estuvo operativa entre los años 1959 y 1981, y durante su proceso productivo unos 126 trabajadores, junto a sus familias, se vieron afectados por la exposición a radiaciones ionizantes provocadas por la extracción de uranio. Según los últimos datos conocidos, Según los últimos datos de la Consejería de Salud, 48 de ellos ya han fallecido y 51 han pasado por las revisiones médicas, así como casi un centenar de familiares.

El Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud firmaron un Protocolo de Colaboración el día 27 de febrero de 2006 para determinar si las enfermedades estaban relacionadas con el uranio, para que después cobraran sus pertinentes pensiones, pese a que los trabajadores fallecidos lo han hecho "a causa del cáncer, degeneraciones ósea o problemas pulmonares y de riñón".

Según asegura el abogado de los trabajadores, Izquierda Unida llevó el caso a nivel nacional y se aprobó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para indemnizar ex trabajadores. Pese a todo, las indemnizaciones siguen sin ser pagadas.

"Ahora, toda nuestra esperanza está puesta en Bruselas", apostillaba Vázquez, que pese a intentar lograr el reconocimiento de estos ex trabajadores por todas las vías posibles, asegura que "nadie me responde cuando pregunto cual es la fórmula mediante la que se tiene que hacer cumplir una Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados".

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