Los investigadores del caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, indican en uno de los informes aportados a la causa que el ex alcalde de este municipio José Manuel Martín Alba habría utilizado supuestamente a una de sus dos hijas "para no figurar en determinadas operaciones comerciales de compra de fincas".

En uno de los atestados elaborados por la Guardia Civil, que investiga el caso, incluido en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que esas operaciones tenían como único objetivo "compensar al citado —Martín Alba— o a sus hijas —ambas imputadas en la causa— por favores otorgados a empresarios con intereses urbanísticos".

En dicho informe, fechado en marzo de este año, se analizan los efectos y documentos encontrados en el domicilio de una de las hijas del ex regidor y de su marido. Tras dicho análisis y a raíz de lo investigado hasta este momento, los agentes concluyen que "difícilmente podrían hacer frente a las operaciones de compraventa descubiertas".

Los agentes señalan que en el registro se hallaron 12.650 euros que el matrimonio dijo que procedían "de los regalos de la boda de ambos", aunque se indica que, según las conversaciones telefónicas intervenidas, la imputada "tenía en su poder dinero en metálico" propiedad de su padre, por lo que no se descarta que la cantidad incautada "fuera de José Manuel Martín Alba".

Respecto al ex alcalde se precisa, tras hallarse 160.000 euros en su domicilio, que "resulta muy difícil ahorrar esas cifras", teniendo en cuenta el sueldo que percibía y "sin ninguna otra fuente de ingresos". No obstante, Martín Alba declaró ante la jueza que tenía ingresos "como alcalde, artista y como albañil", pero en ningún caso como intermediador en compraventas.

Pero, a juicio de los agentes, los ingresos "sin justificar" de Martín Alba en sus cuentas, que suman 127.950 euros, "se deben a contraprestaciones realizadas por las personas con intereses urbanísticos en Alcaucín a cambio de que el ex alcalde amparase las presuntas irregularidades cometidas por éstos". "Son numerosas las licencias concedidas por el alcalde a sabiendas de que no podían ser concedidas por no cumplir los requisitos legales", se apunta. URBANISMO

Los investigadores concluyen que el alcalde "es perfecto conocedor de la normativa aplicable en su totalidad y que intenta mover los hilos en Diputación" a través del que fuera jefe del Servicio de Arquitectura, imputado en la causa, José Mora, o de otra persona, "para poder incluir como urbanas zonas que no lo son pero que están ocupadas por construcciones ilegales para las que él ha otorgado licencias".

Los agentes apuntan a indicios de que el entonces alcalde concedía licencias "sin ningún rigor", ya que se otorgaban en algunos casos el mismo día de la solicitud "hecho que deja claro que no se realizan ni visitas, ni informes técnicos ni jurídicos". "Es decir, se conceden a demanda, algo totalmente inconcebible en un Estado regulado como es el español", apostillan en otro informe.

Para los investigadores, se trataría de "una asociación de personas que por encima del cumplimiento de la legalidad su principal deseo es el ánimo de lucro", al tiempo que consideran, según ese atestado contenido en la causa, fechado en junio de este año, que Martín Alba era "otro de los principales actores del caos urbanístico de Alcaucín".

"Éste es un ejemplo de lo caótico que puede llegar a ser administrado un ayuntamiento y el desprecio que todos los participantes en esta trama han mostrado con los recursos existentes, sin pensar en lo que debía ser un crecimiento sostenible de la población", concluyen, a la vista de documentos del Catastro, "que dan una idea de la cantidad de construcciones fuera de ordenación".