La Junta de Castilla y León espera publicar el decreto que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía antes de Navidad y así se pudiera abrir el plazo para que los ciudadanos que potencialmente pudieran beneficiarse de ella comiencen a solicitarla.

Así lo expresó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en una rueda de prensa tras una reunión celebrada en el marco del Diálogo Social en la que se presentó el proyecto de decreto que desarrolla la ley por la que se aprobó la Renta Garantizada de Ciudadanía —aprobada el 24 de agosto— en la que estuvieron también presentes los secretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras, Agustín Prieto y Ángel Hernández, respectivamente (la patronal no pudo acudir por problemas de agenda).

El consejero explicó que el proyecto de decreto se ha enviado ya al Consejo Económico y Social (CES) y tiene que pasar después el trámite del Consultivo pero espera que ambos organismos actúen con "celeridad", algo que ya ocurrió con la ley y que agradeció.

Teniendo en cuenta que el CES tiene previsto tratar el proyecto en el pleno que celebrará el día 15 de noviembre y que el Consultivo se reunirá en la primera semana de diciembre, Antón estima que antes de Navidad pudiera publicarse el texto en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para abrirse a continuación el plazo de solicitudes, que deberán obtener respuesta en un tiempo máximo de tres meses.

Para la puesta en marcha de esta prestación, atender las solicitudes y tramitarlas, la Junta considera necesarios a unos 67 empleados públicos. A este respecto, los sindicatos mostraron su satisfacción por que se destinen recursos públicos para este proceso.

Antón explicó que todos los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que actualmente son 3.251 personas, pasarán automáticamente a cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía, si se cumplen los plazos, en el mes de enero.

Asimismo, todas las solicitudes "vivas" en el momento de la entrada en vigor del decreto se gestionarán ya para obtener la nueva prestación, que supone ventajas en su cuantía y una flexibilización de los requisitos.

Prestación económica

En concreto, mientras el IMI tenía márgenes de entre un 75 y un 100 por cien sobre el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de manera que oscilaba entre los 399,38 y 532,51 euros al mes (sin complemento y con complemento por segundo miembro), la Renta amplía la posibilidad de percibir complementos hasta por un quinto miembro y oscilará entre el 80 y el 130 por ciento del IPREM, con una horquilla de entre 426,01 euros mensuales de mínimo hasta un máximo de 692,26.

Todo ello va ligado a un proyecto individualizado de inserción que el beneficiario deberá suscribir y que si incumple (no acudir a cursos formativos o a citas en los centros de acción social, por ejemplo) podría suponer modificaciones o, en casos extremos, la pérdida de la prestación económica. El titular de Familia e Igualdad de Oportunidades aclaró que los profesionales que se encarguen de los proyectos conocerán íntegramente la situación de la unidad familiar que, aseguró, es la beneficiaria de esta ayuda.

Se trata, tal y como pusieron de manifiesto tanto los responsables sindicales como el consejero de que el objetivo último de esta prestación sea la reinserción y no que sea una situación de porvida.

El consejero concretó que la prestación económica es compatible con otras fuentes de ingresos y tendrá un carácter complementario en algunos casos hasta llegar al mínimo regulado por el decreto y aclaró que por ejemplo no se computarán las ayudas a la dependencia como ingresos.

César Antón explicó que las estimaciones para la puesta en marcha de la Renta es que con los 27 millones de euros presupuestados para el próximo año, cantidad ampliable, se pueda atender hasta 5.000 ó 6.000 personas, aunque aclaró que el número de beneficiarios o solicitantes dependerá en gran medida de la marcha del paro y de la economía.

Ángel Hernández y Agustín Prieto mostraron su satisfacción por que el proyecto pueda ver la luz en poco tiempo y se hayan adelantado los plazos para su entrada en vigor.

Satisfacción sindical

El líder de Comisiones considera que así se trata de ayudar a muchas personas que viven una situación de exclusión, de pobreza, y se mostró satisfecho por que se cree un nuevo derecho que se gestionará con empleados públicos, en cumplimiento del acuerdo alcanzado.

En esta línea también considera positivo que se faciliten las cosas a los beneficiarios y de forma automática los perceptores del IMI pasen a cobrar la Renta Básica de Ciudadanía.

Hernández abogó por hacer un esfuerzo en la divulgación para que quienes lo necesiten puedan solicitar la Renta y advirtió de que hay estratos de la sociedad en los que da "vergüenza" pedir este tipo de ayudas porque se entiende que es reconocer "que son pobres".

Además de trabajar por la aplicación efectiva de esta prestación, el responsable de Comisiones en Castilla y León explicó que se ha acordado en la reunión cerrar antes de agosto del año que viene se haya reordenado y "modernizado" todo lo relacionado con las ayudas de emergencia o máxima necesidad, con la misma filosofía de no agotar los plazos.

Por su parte, Agustín Prieto también mostró su satisfacción aunque matizó que se llega "un poquito tarde" porque ha pasado un año desde que se firmara el acuerdo con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para la puesta en marcha de la Renta, algo de lo que culpó a todos y no solo a la Administración.

Aunque considera que siempre habrá excluidos sociales, el responsable de UGT considera que la Renta es una "necesidad vital" para trabajar en reducir al máximo estas situaciones, ya que se trata de garantizar no sólo la prestación económica sino que "ojalá la cobren el mínimo tiempo posible".

A este respecto, añadió que la "mayor satisfacción" sería crear una serie de mecanismos suficientes para que el beneficiario pudiera acudir a formarse, prepararse, y finalmente encontrara un empleo, en lo que considera que los usuarios serán los más interesados.