El Ministerio Fiscal ha solicitado imponer diez años de prisión para un hombre, guardia civil, acusado de expedir licencias de armas de fuego sin autorización.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia acogerá desde este lunes y hasta el miércoles, día 17, a las 9.00 horas, el juicio contra M.T.B. —mayor de edad y sin antecedentes penales—, acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de cohecho. En un principio, la vista oral estaba prevista para la pasada semana pero fue aplazada por un cambio de abogado.

En concreto, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita para el acusado por el primero de los delitos la pena de cinco años de prisión y una multa de 20 meses con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante seis años.

Por el delito continuado de cohecho pide una pena de cinco años de presión, una multa de 1.000 euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de diez años, así como las costas.

Los hechos se remontan a los años 2004 y 2005 cuando el acusado, aprovechando su condición de guardia civil con destino en la Intervención de Armas y Explosivos de la V Zona de la Guardia Civil en Murcia, estando encargado en dicho destino desde mayo de 2004 del control de las Guías de Circulación de todo tipo y de la revisión de expedientes, confeccionó diversas licencias de armas tipo E, omitiendo los trámites reglamentarios previstos para ello.

Según se desprende del escrito de Fiscalía, el acusado percibía de los interesados, —ignorantes de la ilicitud del actuar del guardia civil—, entre 40 y 50 euros.

En ocasiones se dirigía al domicilio del titular de la licencia de armas cuando comprobaba que estaba próxima su caducidad, presentándose como Interventor de Armas de la Guardia Civil y ofreciéndose para renovarla, o bien aprovechaba la presencia del interesado en las dependencias oficiales para realizar dicho ofrecimiento.

Para la confección del documento, el acusado abría un expediente personal con los datos del solicitante en el correspondiente programa informático, omitiendo la incorporación de los documentos necesarios para la concesión de la autorización y el ingreso en el Tesoro Público de las tasas oficiales, y una vez impreso con los datos introducidos estampaba en el documento el sello de la Unidad y simulaba la firma de la autoridad expendedora, o bien estampaba el sello y omitía toda rúbrica.