La crisis no ha conllevado la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los centros especiales de empleo en Castilla y León, según la directora general de Economía Social de la Junta, Córdula García.

Estos módulos contemplan por ley que el 70 por ciento de los empleados tengan algún tipo de discapacidad, lo que supone que más de 3.700 personas de este colectivo actualmente trabajen en alguno de estos centros.

La directora general explicó que la mayoría de estas entidades se dedican en la Comunidad a la prestación de servicios como, por ejemplo, hostelería, recogida de aceite usado, mantenimiento de jardines y asesoría. "Hacen el trabajo con gran profesionalidad", añadió.

Así lo indicó en un encuentro con los medios con motivo de la celebración del II Encuentro Hispanoluso de Profesionales en el Área de la Discapacidad, que tuvo lugar en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca (CRMF).

En la inauguración estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Salamanca, Jesús Málaga, el director del Centro, Ricardo Bravo, y el cónsul de Portugal en Salamanca, Augusto Pimenta.

El encuentro también sirvió para la presentación de un estudio exploratorio sobre la inserción laboral de personas con discapacidad en la raya transfronteriza entre España y Portugal, elaborado por las técnicos del CRMF Maribel Campo y Maribel Cruz.

Maribel Campo explicó que el trabajo se realizó con preguntas a 120 personas con discapacidad de ambos lados de la frontera, principalmente con discapacidad física en España y con discapacidad psíquica en Portugal, por lo que ofrece realidades "diferentes" en el ámbito laboral.

Aun así sacaron conclusiones generales como que la situación económica adversa ha supuesto pérdida de oportunidades para aquellos que buscaban empleo en el mercado ordinario pero que se han mantenido las plazas existentes en los centros especializados de empleo.