El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto por el que se acuerdan las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de cooperación internacional al desarrollo y se autorizó un gasto de 13,5 millones de euros para la convocatoria de dichas ayudas para el año 2011.

De acuerdo con el decreto, el órgano competente en esta materia es la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid), si bien está prevista la colaboración con otros departamentos y organismos de la Junta de Extremadura en la realización de proyectos.

El decreto distingue tres modalidades de cooperación internacional: los proyectos de Cooperación para el Desarrollo; los de Educación para el Desarrollo que se lleven a cabo en Extremadura y las Acciones Humanitarias.

Dentro del primer apartado se incluyen, por una parte, las ayudas a los proyectos que se realicen a través de agentes externos a la Aexcid (cooperación indirecta), cuyo objetivo es la financiación de programas para la erradicación de la pobreza y la consolidación de procesos encaminados a un desarrollo humano sostenible.

De acuerdo con lo establecido en el Plan General de la Cooperación Extremeña 2010-2013 y con el propósito de lograr una mayor concentración geográfica de la ayuda, se dará prioridad a los que se ejecuten en algunos de los países siguientes, a los que se destinarán, al menos, el 70 por ciento de los recursos de cada convocatoria, en concreto, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Paraguay, República Democrática del Congo, Mali, Mozambique, Camerún o Guinea Bissau.

Por otra parte, también dentro de la modalidad de Cooperación al Desarrollo, se concederán ayudas a proyectos de Cooperación Directa, Cooperación Concertada y aquellos cuyos fines sean la Gestión, la Formación y Evaluación de la Cooperación y la Investigación e Innovación.

Según se especifica en el decreto, el ámbito geográfico de ejecución de este tipo de proyectos será el indicado en cada uno de ellos, informa la Junta.

El segundo bloque de ayudas (a Proyectos de Educación para el Desarrollo que se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma) tendrá como fin último la sensibilización y la toma de conciencia de la sociedad extremeña sobre las características principales de la globalización, su incidencia en las relaciones Norte-Sur y la necesidad de intervenir a favor de los objetivos de desarrollo del milenio en la lucha contra la pobreza, así como la defensa de la igualdad de género y los derechos humanos.

Por último, se concederán subvenciones para la financiación de Acciones Humanitarias en sus diferentes dimensiones: preventiva, respuestas ante desastres (emergencias), acciones de rehabilitación y reconstrucción post desastre.

De igual modo, quedan englobadas en este capítulo las cuotas y contribuciones de carácter excepcional a favor de organismos nacionales e internacionales para hacer frente a situaciones de crisis.

El ámbito geográfico de ejecución de este tipo de proyectos será el indicado en cada uno de ellos. EMIGRACIÓN

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) mediante el que se prorroga hasta el 15 de noviembre de 2011 el acuerdo vigente entre ambas instituciones para el mantenimiento de un Servicio de Orientación a la Emigración en esa localidad. El plazo concluía inicialmente el 15 de noviembre de 2010.

Este servicio, que se ubica en un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Getafe, tiene especial importancia por el elevado número de extremeños que residen actualmente en el sur de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Inspección general

Finalmente, el Ejecutivo extremeño ha aprobado un decreto mediante el que se regulan las funciones que corresponden a la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura, tanto de orden interno como de análisis del adecuado funcionamiento de todos los servicios y unidades dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

En el desarrollo de su actividad, la Inspección General de Servicios vigilará y controlará el normal y correcto funcionamiento de los distintos centros, unidades y organismos vinculados o dependientes de la Administración autonómica, proponiendo la adopción de medidas concretas de actuación que posibiliten subsanar las deficiencias advertidas y perfeccionar los servicios prestados.

Además, verificará la adecuación y correcta utilización de los medios materiales adscritos a los servicios inspeccionados, proponiendo al órgano competente, en su caso, las medidas correctoras precisas.